Ahora, esta posibilidad está limitada en las capitales de provincia a los delegados de la Junta de Andalucía, funcionarios de la escala superior y mandos de la Policía Nacional, y en el resto de las ciudades restringido en exclusiva a alcaldes y concejales.

Con esta nueva normativa se valora tan sólo que el aficionado no tenga intereses directos en la fiesta, su conocimiento de la misma, así como su independencia, experiencia y profesionalidad. Las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía tendrán la potestad de designar a la persona que ostente la presidencia en las plazas de primera y segunda categoría y los alcaldes, las de tercera y portátiles.

Al igual que en otros puestos donde se ostenta la representación institucional, se establece la posibilidad de que el presidente renuncie a su cargo en un determinado festejo si existe alguna causa de abstención (caso de que toree un familiar) y también el mecanismo para recusarlo.

Junto al presidente, se regulan las figuras del Delegado de la Autoridad y de los alguacilillos. El primero será un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad designado por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía y será el encargado de mantener el orden dentro del callejón, tarea para la que se apoyará en los alguacilillos.