El reglamento sólo establece el abono social para los jubilados que asten menos de 5.700 pesetas mensuales en teléfono. Si un mes superan esa cantidad, deben esperar seis meses antes de poder solicitarlo de nuevo.

Sin embargo, quedan fuera de esa pequeña ayuda los pensionistas no jubilados, quienes perciban ingresos muy pequeños o los parados, según explicó Múgica.

Además, la OCU considera que el servicio de información telefónica, el 003, debería ser gratuito, ya que las guías telefónicas se actualizan con mucho retraso.

Múgica denunció asimismo que accedera los servicios de urgencia (Insalud, Bomberos, Policía Municipal, Cuerpo Nacional de Policía) supone un coste similar al de una llamada metropolitana y que el nuevo reglamento no establece que vayan a ser gratuitos. Sin embargo, el número que sustituirá a todos ellos, el 112, sí es gratuito.

Por su parte, Antonio Pomares, de la Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU), manifestó que los consumidores y los sindicatos llevan tiempo pidiendo en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones que l servicio universal fuera bien definido en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), pero que el Gobierno, en aras de la liberalización, ha preferido hacerlo en el reglamento. Pomares señaló que "el Gobierno da un paso para adelante, un paso para atrás" en este asunto.

La Unión de Consumidores de España (UCE) recordó que el teléfono es un "servicio público, liberalizado, pero público", y en consecuencia aprueba que si el servicio universal es deficitario para el operador dominante se consituya un fondo con aportaciones de todos los operadores, fijos y móviles, para sufragarlo.

Asimismo, Enrique García, portavoz de la UCE, indicó a Servimedia que es "muy importante" que las operadoras tengan que solicitar permiso expreso a los usuarios para el uso de sus datos personales.