Según el Gobierno, con esta reforma se ejecutará por completo la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de enero de 2006, que exigía una reforma de dichas normas para adaptarlas a los criterios de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios en el marco de la Unión Europea.

Previamente ya se había reformado, mediante un real decreto ley de 14 de septiembre de 2007, la Ley de Seguridad Privada de 1992.

Una de las principales novedades que recoge el real decreto es la supresión del requisito de que las empresas de seguridad deban adoptar necesariamente la forma societaria y, en consecuencia, el de disponer de un capital social mínimo. Por tanto, las empresas de seguridad podrán revestir a partir de ahora la forma de persona física o de persona jurídica.

Además, se establece la obligación de todas las empresas de seguridad que quieran prestar servicios de seguridad privada en España, sea cual sea el Estado en que hayan sido autorizadas o habilitadas, de inscribirse en el Registro de Empresas de Seguridad que se lleva en el Ministerio del Interior.

Para ello, se tendrán en cuenta, y no se exigirán nuevamente, los requisitos ya acreditados o cumplimentados por las empresas de seguridad en otros Estados miembros o firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, como los relativos a fianzas y seguros de responsabilidad civil.

Los nacionales de dichos Estados que ya cuenten con habilitaciones o autorizaciones expedidas por la autoridades competentes de alguno de los mismos no necesitarán obtener otra nueva en España, aunque las autoridades españolas verificarán que cumplen todos los requisitos exigidos por la normativa española para prestar servicios de seguridad privada en España.

Por otro lado, se suprime la exigencia de que las empresas de seguridad privada cuenten con una plantilla mínima de personal, salvo para aquellas dedicadas a las actividades de custodia, depósito y transporte de explosivos.