El retraso que viene sufriendo esta norma da idea de su complejidad y de los distintos intereses que en él confluyen, puesto que debe regular aspectos vitales en la operativa y la solvencia de las compañías de seguros.

Esta es una de las razones por las que el Gobierno del Partido Popular ha mantenido en su cargo durante estos meses a Antonio Fernández Toraño, nombrado director general de Seguros por la últim de las administraciones socialistas.

Fernandez Toraño, uno de los altos cargos que ha sobrevivido a la llegada del PP, incluso con la oposición del sector, que desea que se le releve, habría recibido el encargo de terminar el reglamento para finales de 1996 o comienzos de 1997, momento en el que podría producirse su relevo.

En las últimas semanas han circulado diversos borradores del reglamento, que se consideran casi definitivos. Los aseguradores no están muy satisfechos porque lo consideran inervencionista y, en algunos aspectos, poco claro.

AUMENTO DE LAS DOTACIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Además de la actividad propiamente aseguradora, el reglamento afectará al ámbito de los fondos de pensiones, y concretamente, aspectos como la fiscalidad de las dotaciones; el tipo de interés con el que deben calcularse las coberturas, que previsiblemente descendería del actuial 6% al 4,5%; así como aspectos relativos a las responsabilidades de los miembros de la comisión de control, órgano de máxia responsabilidad en los planes de pensiones.

Precisamente, las modificaciones que en este reglamento pueden operarse sobre el regimen legal de los planes y fondos de pensiones, están retrasando algunas decisiones de distintas compañías e instituciones financieras a la hora de externalizar sus fondos de pensiones o definir su política de dotaciones.

En concreto, la reducción del tipo de interés para los cálculos de cobertura en 1,5 puntos supondría automáticamente una reducción de las rentabilidaes esperadas para los próximos años y un considerable aumento de las necesidades de dotaciones, que algunos cifran entre un 20% y un 30% de los fondos constituidos.