El presidente de Fenacore, Andrés del Campo, indicó que el rigor del clima y la necesidad de mantener numerosas infraestructuras hidráulicas para poder disponer de agua garantizada hace que la situación de la agricultura española sea una excepción dentro de los países de la Unión Europea.

"La política de precios del agua no puede ser igual en España que en el resto de la UE", dijo Del Campo en la inauguración de la XI edición del Congreso Nacional de Comunidades de Regantes.

En su intervención insistió en que poner un precio al agua no es un mandato de esta directiva, sino una actuación que, realizada de manera generalizada, crearía "indefensión" a los usuarios y pérdida de competitividad para la agricultura española, que ha de competir con otros países de Europa, "donde sin necesidad de agua tienen iguales o superiores producciones a las de nuestras zonas regables".

Por otro lado, Del Campo advirtió de que la aplicación de la recuperación íntegra de los costes del agua sobre las tarifas que pagan los agricultores -como contempla la directiva- supondría la desaparición de la tercera parte del regadío español por falta de competitividad.

Por todo ello, manifestó su preocupación por los "impactos económicos y sociales" que la aplicación de una política "indiscriminada" de precios al agua produciría sobre la agricultura de regadío, fundamentalmente en los cultivos de interior, menos rentables económicamente pero con un alto valor paisajístico y medioambiental.

"Este sistema de fijación de precios conduciría a una agricultura insostenible y, por tanto, a la desaparición del 30% de las zonas regables, con una pérdida importante de la aportación de la agricultura al PIB español, así como a la crisis del turismo rural, la desertización de zonas rurales y la concentración de la población en grandes ciudades". "Una zona de regadíos deshabitada se convierte en el basurero de la ciudad más próxima", aseveró.

Finalmente, Del Campo manifestó su esperanza de que los estudios que está elaborando la Administración para cada cuenca hidrográfica, con el fin de precisar la aplicación del principio de recuperación de costes, permitan que la transposición de la directiva tenga en cuenta la situación real de cada territorio, garantizando así la sostenibilidad de la agricultura española.