A su juici, el Ejecutivo está politizando el futuro de los albano-kosovares que han llegado a España y está tomando medidas que van "en detrimento de sus derechos individuales".

Insistió en que no considerar refugiados a estas personas "es ilegal" y atribuyó la medida al hecho de que el vicepresidente, Francisco Alvarez Cascos, ha ganado el pulso que mantenía con el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, por conservar las competencias sobre la concesión del estatuto legal a los damnificados de la guerra de Yuoslavia.