Mayor Oreja presentó fundamentalmente cuatro iniciativas a los partidos, que establecían la obligatoriedad de los juicios rápidos para todos los delitos de violencia callejera o de terrorismo de baja intensidad; que en los delitos de estragos con resultado de daños quede clara la competencia de la Audiencia Nacional; intentar ampliar la definición del delito de amenazas, y la tipifiación delictiva de las contramanifestaciones.

Durante el verano se sucecerán los contactos bilaterales entre las distintas fuerzas políticas, con el fin de tratar de alcanzar acuerdos de principios sobre la definición de estas medidas y de otras que puedan ser sugeridas por el resto de los partidos.

Pero será a partir del mes de septiembre cuando se aborde la discusión parlamentaria de todas estas iniciativas, que en cualquier caso deberán contar con el consenso de todas las fuerzas políticas intgrantes de los pactos de Ajuria Enea y Madrid, como anunció el propio ministro.

Tanto el Gobierno como el PP tienen como objetivo prioritario preservar la unidad de acción de los partidos democráticos, por lo que no tratarán de sacar adelante ninguna medida que no cuente con el apoyo expreso de todos los partidos.