Esta es la evaluación que con carácter general hace el director de la Fundación Democracia y Gobierno local, que reúne a 16 diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Manuel Medina Guerrero.

Medina, en declaraciones a Servimedia, afirma que en los tres estatutos que ya se conocen, el valenciano, andaluz y catalán, "en su conjunto, las provincias salen mal paradas porque entiendo que (las comunidades) permanecen ancladas en una concepción de la provincia que existía cuando se redactaron los primeros estatutos de autonomía, un momento en el que no se conocía el alcance exacto de la autonomía local protegida por la Constitución".

Sin embargo, recalca, existiendo como existe ya una línea jurisprudencial fijada por el Tribunal Constitucional que exige "una nueva toma en consideración del tratamiento de las provincias", ello no se produce en los estatutos citados, "que permanecen anclados en una concepción que no es compatible con lo que es la Constitución tal y como debe ser interpretada a la luz de la jurisprudencia constitucional y de la Carta Europea de Autonomía Local".

Este catedrático de Derecho Constitucional considera que tanto el valenciano como el andaluz, "lo que vienen a hacer es prácticamente someter a las diputaciones a una potestad de coordinación de la comunidad autónoma para todas sus actividades lo que no se acomoda en absoluto a las exigencias de la autonomía local constitucionalmente protegida".

Medina, uno de los cuatro catedráticos de Derecho Constitucional que el otoño pasado integró el grupo de expertos que, a iniciativa del PSOE, elevó un informe al Gobierno sobre la propuesta de reforma del Estatuto catalán, destaca la peculiaridad de la reforma catalana, que establece la conversión de las diputaciones provinciales por los llamados consejos de veguerías, que supondrá una reordenación en el ámbito territorial pero que poco alterará sus actuales funciones.

En lo positivo, Medina subraya que, "mientras que las provincias quedan mal paradas en cierto modo en estos estatutos, sin embargo, en algunas cosas se observa una mejora de lo que son los municipios".

"Estoy pensando en el proyecto catalán", señala, "que incorpora garantías muy importantes como son la creación de un órgano mixto comunidad autónoma-municipio lo cual supone un avance considerable".

Pero lo más importante, a su juicio, es que "se aprecia una mejora notable en el tema de la financiación, como en el estatuto andaluz, incluso alguna referencia en el valenciano, de la idea de que las comunidades autónomas tienen que financiar necesariamente al mundo local, lo que hasta ahora no aparecía de forma tan clara y ahora pasa a ser una obligación estatutaria".

En definitiva, concluyó Manuel Medina, en lo que define como una "valoración apresurada", las reformas estatutarias "apuntan a un deterioro de la provincia al someter a una tutela permanente de la comunidad autónoma la acción de las provincias, y, en lo positivo, alguna mejora en la protección de los municipios aunque tal vez se podía haber llegado más lejos".