Blanco-Magadán dijo que el déficit del seguro intgral será de más de 21.000 millones de pesetas en 1992, que serán cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros -entidad reaseguradora dependiente del Ministerio de Economía-, lo que está provocando un desequilibrio financiero en el sistema que afecta al resto de los seguros.

El presidente de ENESA insistió que las indemnizaciones suben año tras año y que son superiores en casi 2,5 veces a lo que los agricultores pagan por las primas de riesgo.

Blanco-Magadán también dijo, para justificarla reforma efectuada, que Agricultura había detectado lo que calificó de "picaresca de algunos agricultores", que concretó en la no contratación de todas las parcelas que poseen sino eb las que tienen mayores posibilidades de riesto, y la firma del seguro por otros titulares distintos a los reales.

Para corregir ambos extremos, explicó que la reforma ha limitado la contratación para parcelas con mayor inclinación del 20 por ciento, de las que tengan tierras arenosas o alcalinas y de las que no dispongn de la suficiente profundidad.

Asimismo, afirmó que todas las parcelas que quieran acogerse al seguro integral de cereales deberán estar en el catastro, y que se primarán las parcelas medias sobre las muy grandes o muy pequeñas. También existirán penalizaciones para las parcelas que hayan dado pérdidas en los dos o tres últimos años.

CRITICAS DEL PP

Por su parte, el portavoz de Agricultura del grupo Popular, Manuel Ramírez, criticó duramente la reforma a la que achacó el dejar "sin contenido e seguro integral de cereales".

Según el parlamentario popular, cuando se implantó el seguro con el primer Gobierno socialista, se acogieron a él más de tres millones de hectáreas, mientras que en 1990 sólo se han suscrito un millón de hectáreas.

También recordó que tras la sequía de 1981, el Gobierno de UCD gastó más de 50.000 millones de pesetas en ayudas para los agricultores, y que este año, "con una sequía mucho peor, el Gobierno socialista sólo va a gastar 21.000 millones de pesetas".

Asu juicio, las palabras del subsecretario de Agricultura suponen una "absoluta desconfianza de los profesionales del campo" y una descalificación global al sector.