Frente a la propuesta de que cada comunidad autónoma añada al catálogo básico de prestaciones otras adicionales, el 91% de los encuestados opina que se perjudica a unos ciudadanos frente a otros en función de los recursos económicos de la autonomía a la que pertenezcan.

El 94% de los entrevistados considera que la prestación de los servicios sanitarios se debe hacr mediante una plena utilización de los recursos públicos, si bien aceptan la participación privada de forma complementaria.

En cuanto a la financiación sanitaria, el 69 por ciento de los profesionales que pertenecen a comunidades con competencias de salud asegura que debe provenir exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que la mayoría de los pertenecientes al Insalud cree que se debe continuar el modelo de financiación actual (cotizaciones sociales, Presupuestos Generales y agos directos por algunas prestaciones).

Frente a la propuesta de la Subcomisión de desarrollar una asistencia sociosanitaria con participación social y contribución económica de los usuarios, el 83% de los encuestados apuesta por una red de asistencia sociosanitaria financiada con fondos públicos.

Ante la posibilidad de configurar los centros asistenciales de Atención Primaria (AP) como organizaciones autónomas, el 91,5% se muestra en desacuerdo con este planteamiento, ya que se dotaría con más ecursos a los centros elegidos mayoritariamente por los usuarios, marginando a los centros menores o a los localizados en zonas rurales.

Por otra parte, el 93,6% de los encuestados cree que antes de finalizar el proceso de traspaso de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas deberían coordinarse internamente los servicios sanitarios propios de cada una de ellas.

Finalmente, la encuesta señala que casi el 100% de los profesionales considera necesaria la implantación de un modelo de arrera profesional dentro de una ley de ordenación de las profesiones sanitarias. En consecuencia, muestran su decepción por la exclusión de este punto en la redacción del documento final de la subcomisión.