De este modo comienza la tramitación parlamentaria de una iniciativa a la que se han opuesto PSOE, Izquierda Unida, el PNV y cuatro partidos del Grupo Mixto, EA, BNG, CH e IC, que presentaron sendas enmiendas a la totalidad para pedir la retirada del proyecto, dos de ellas, la de los socialistas y nacionalistas vascos, con texto alternativo.

El ministro de Justicia, José María Michavila, recalcó la necesidad de modificar un modelo de prisión provisional que data de finales del siglo XIX; por lo que "no se adecúa a los principios que establece la Constitución", en cuanto a las garantías al acusado y los derechos de las víctimas.

El texto del Gobierno permite que a prisión provisional para delitos menos graves tenga un máximo de un año y medio, con la prórroga, en lugar de dos años; y de cuatro en total para los más graves, aunque no se aplicará como antes de forma generalizada. En cambio, se amplia a los delitos penados con menos de dos años en casos de violencia de género, delincuencia organizada o cuando el acusado tenga antecedentes penales.

Michavila recordó que esta reforma es uno de los compromisos alcanzados en el Pacto de Justicia, y aseguró que con e texto del Ejecutivo, "al acusado no se le priva de libertad por cualquier motivo", sino que está sujeta a criterios constitucionales "bien determinados, bien precisos".

"Se trata de humanizar un instrumento necesario en la democracia", pero que es "restrictivo con los derechos y libertades del acusado, por lo que debe actualizarse para adecuarlo a la Constitución. Con este fin, se tiende a "individualizar" la adopción de esta medida cautelar, y no fijar un "rasero" general para ordenarla.

Por elo, la prisión provisional se condiciona al riesgo de fuga o de comisión de otro delito, lo que significa que es una medida "garantista", no "sancionadora, como dicen algunos". Por ello, ofreció al resto de los grupos la "mano tendida" para el consenso, y les pidió que "piensen en el interés general" y contribuyan a mejorarlo.

El portavoz de Justicia de CiU, Manel Silva, se mostró a favor de esta propuesta del Ejecutivo, si bien anunció que intentará mejorar el texto durante su tramitación parlamentari mediante enmiendas parciales, en las que ya está trabajando.

MAS GARANTIAS

Juan Fernando López Aguilar, en nombre del PSOE, coincidió en la necesidad de reformar la prisión provisional, porque "hay que hacerlo bien, y hacerlo ahora", pero recalcó que el texto del Gobierno no establece las "garantías" suficientes, en principio porque se aplicaría con carácter retroactivo.

EL PSOE insiste en que esta regulación debe emprenderse de modo "extremadamente respetuoso" con la Constitución, lo que implca que la prisión provisional sea una medida "excepcional, subordinada a las necesidades del procedimiento, limitada en el tiempo, sólo tolerable en caso de delito grave, subsidiaria" y sólo prorrogable para prever cuestiones como la posible fuga.

Propone para ello que esta medida no se prolongue más de lo justificado, no pueda aplicarse para delitos penados con hasta dos años de cárcel; y se limite a los acusados que presenten un riesgo concreto de fuga, alteración de pruebas o reincidencia, siempre ue el delito que se pretenda evitar sea de la misma naturaleza que el imputado.

Por último, pide que la incomunicación no pueda decretarse por más de cinco días, con una posible prórroga de otros tres, y amplía el derecho a indemnización para los casos en que se hayan impuesto medidas cautelares y finalmente se dicte resolución absolutoria, sobreseimiento libre o ausencia de responsabilidad civil por inexistencia del hecho que lo provocó.

MEDIDA "REGRESIVA"

La portavoz de Justicia del PNV, Margrita Uría, subrayó que su grupo rechaza esta propuesta por "regresiva", por no respetar la presunción de inocencia, y constituir una "grave violencia para algunos derechos fundamentales", pese a lo que se ofreció para mejorar la iniciativa.

Hizo hincapié en que la prisión provisional supone el "sacrificio" del derecho a la presunción de inocencia, por lo que debe asegurarse que sean realmente necesarias, basadas en un riesgo comprobado con "especial rigor", y que no se pueda alcanzar el mismo objetivocon otra medida cautelar más leve.

El PNV considera que la prisión cautelar no puede ser un "anticipo" de lo que será la condena, que se debe decidir de manera "individualizada" y que la incomunicación, que es una medida "desproporcionada" cuando aún no se ha dictado sentencia, debe ser aún "más excepcional y más subsidiaria".

El resto de los partidos, IU y los integrados en el Grupo Mixto, reclamaron la devolución del proyecto al Gobierno, pero no presentaron alternativa. Consideran que el textodel Ejecutivo no respeta la excepcionalidad y proporcionalidad que deben respetar estas medidas cautelares, y vulnera la presunción de inocencia.

MASIFICACION EN LAS CARCELES

El portavoz de Izquierda Unida, Luis Carlos Rejón, leyó dos cartas, una de una ciudadana que reprochaba al Gobierno su postura ante la guerra, y otra de Amnistía Internacional que mostraba su preocupación por la ampliación de esta medida, algo que, para el diputado de IU, sólo logrará masificar aún más las cárceles.

IU conidera que esta modificación legal está basada en la falsa ecuación que vincula "más cárcel" con "más seguridad", además de suponer una "perversión" del sistema porque permite la prisión provisional para delitos castigados con condenas breves, inferiores a dos años.

La diputada de Eusko Alkartasuna Begoña Lasagabaster dijo que el proyecto "convierte la excepcionalidad en automatismo" en la aplicación de la prisión provisional. Asimismo, el BNG manifestó su preocupación por las garantías de este proyect, mientras IC alerta de la generalización de esta medida, y la CHA recuerda que en el Consejo General del Poder Judicial hubo votos particulares en contra del texto.