Además, el Estado se ahorrará anualmente 7.000 millones de pesetas por éste y otros recortes derivados de la reforma, según explicó hoy en el Senado el secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción.

Estos son los primeros efectos de unos cambios que se inician el año próximo y que le van a costar al Patrimonio del Estado 100.000 millones depesetas, cantidad adelantada por el Banco Exterior de España (BEX) mediante un crédito-puente a amortizar en un plazo no superior a diez años.

El Patrimonio obtendrá parte de ese dinero del desmantelamiento y venta de 44 pequeños centros penitenciarios (120 plazas de media) todavía en funcionamiento, que serán cerrados progresivamente en estos cinco años y su población reclusa trasladada a una veintena de prisiones de futura construcción; en total, el Gobierno quiere crear 20.500 plazas.

Al finaldel proceso, y según cálculos del departamento que dirige Antoni Asunción, ya no será necesario el actual número de policías y guardias civiles que custodian el exterior de los centros y trasladan a los presos en furgones celulares.

El secretario general de Asuntos Penitenciarios aseguró hoy en el Senado que los efectivos policiales necesarios para vigilar una cárcel de 900 plazas o de 120 plazas son prácticamente los mismos. Por lo tanto, dijo, los 1.000 agentes que "sobran" volverán a las comisarías

Comentó también que es necesario ir olvidando el concepto de "funcionario vigilante", dedicado a todo tipo de menesteres dentro de la prisión. En su opinión, la clasificación de los presos en 16 tipologías diferentes y la adecuación de los nuevos centros a esta diferenciación obligarán a los funcionarios a convertirse en personal especializado.

MAS VIEJOS Y MENOS SIDA

Asunción compareció esta mañana ante la Comisión de Justicia e Interior del Senado para explicar cómo se gastará la partida de nstituciones Penitenciarias que contiene el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992.

El responsable del departamento comenzó su intervención explicando a los senadores el perfil de la población reclusa española, entre la que se detectan cada vez menos casos de SIDA a consecuencia del cambio en los hábitos de drogadicción.

Según Asunción, en 1989 el 28,4 por ciento de los presos españoles estaba infectado por el virus del SIDA, frente al 24,2 por ciento del año pasado. Ello s debido a que los internos han sustituido su adicción a la heroína inyectada (con el riesgo que conlleva el uso de jeringuillas por varias personas) por la cocaína, en consonancia con lo que ocurre en la calle.

Sin embargo, un 53,4 por ciento de los reclusos padecen o han padecido la hepatitis B (por problemas de drogadicción).

"Aunque sé que puede sorprender", comentó a los senadores, "esa imagen de la droga en la cárcel no es real; el problema de la droga no es el primer problema del sistema pnitenciario".

Por otro lado, Antoni Asunción reveló que la edad media de entrada en la cárcel ha subido. Cada vez son menos las personas que ingresan en prisión con menos de 20 años y más de 16 (edad penal mínima). En 1980, 53 de cada 100 presos tenía menos de 20 años mientras que en 1990 sólo eran 32 de cada 100.

La situación socioeconómica del recluso medio es la de una persona que está en paro (44 por ciento de los presos) o trabaja en precario ganando menos de lo estipulado en el Salario Mínio Interprofesional (38 por ciento de los internos).

LA "PUNTILLA" DEL HEROINOMANO

El representante del Partido Popular en la Comisión de Justicia e Interior del Senado, Leocadio Bueso, criticó el hacinamiento en las prisiones (faltan 7.000 plazas, según reconoció Asunción) y dijo que es la causa de agresiones sexuales y drogadicción.

"La cárcel no puede ser la `puntilla' del heroinómano y esa es la sensación que existe en la sociedad española, señor Asunción", dijo el senador Bueso. "La socieda tiene la sensación de que la cárcel es una pena más", añadió en referencia a los suicidios en las prisiones españolas (30 en 1989, 28 el año pasado y 26 en lo que va de 1991).

Bueso pidió al Gobierno que restrinja o que impida la llegada de paquetes a los reclusos, por ser una vía frecuente de introducción de droga en las prisiones, algo que es rechazado por Asunción.

El secretario general de Asuntos Penitenciarios señaló que los expertos desaconsejan esta medida porque supondría la "segregacióntotal" del recluso, ya que los envíos postales es el único medio que tiene de no perder "el hilo" con su familia y con la sociedad.