El texto llega a Pleno con 47 enmiendas transaccionales acordadas por los grupos parlamentarios, que no afectan a los pilares de una reforma largamente anunciada.

Estas enmiendas se refieren, fundamentalmente, al respeto de la autonomía de las universidades a la hora de impartir títulos propios, en particular los nuevos másteres, y al respeto de las competencias de las comunidades autónomas.

Se introducen enmiendas en las que, entre otras cuestiones, se reconoce la capacidad de las comunidades autónomas sobre contratación de personal docente e investigador con vinculación permanente en las universidades públicas.

Entre las novedades incorporadas a través de estas enmiendas transaccionales, destaca también la protección de las lenguas cooficiales en el ámbito universitario y las relativas a la financiación.

Se atribuye a la Conferencia General de Política Universitaria -el órgano de cooperación entre las administraciones competentes- la función de llevar a cabo la evaluación, el seguimiento y la propuesta de medidas para garantizar la suficiencia financiera de las universidades.

CUATRO AÑOS

La reforma de la LOU establece que los títulos universitarios tendrán una duración de cuatro años (240 créditos) y recibirán la denominación de "grados". Además, incluye másteres públicos y doctorados, de acuerdo con la convergencia universitaria europea, en el llamado Espacio Europeo de Educación Superior.

Asimismo, la reforma cambia el sistema de acceso a la docencia universitaria, para la que ya no será necesario realizar un examen. A partir de ahora, serán las propias universidades las que elegirán a su personal docente, basándose en el currículo.

Por otro lado, las universidades tendrán autonomía para decidir qué titulaciones impartirán, es decir, para diseñar, de modo independiente, su oferta académica. Eso sí, las universidades tendrán que rendir cuentas a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) y su financiación dependerá de los resultados que obtengan.

El PP mantendrá dos posiciones básicas en el Pleno, según la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del partido, Ana Pastor. Por un lado, defenderá que el acceso de los profesores a la universidad siga requiriendo la realización de una prueba pública y objetiva, para evitar la endogamia y el favoritismo.

Por otro lado, intentará que las titulaciones universitarias mantengan un "troncalidad común dentro de las grandes áreas". Se trataría, según Pastor, de que cada grado tenga unos mínimos comunes, independientemente de la universidad que lo imparta.

Según el PP, la reforma de la LOU es tan abierta que hace necesario fijar unos "mínimos de vertebración" para que, aunque haya especialización, también sea posible la movilidad entre universidades.