Los secretarios de Acción Sindical de Comisiones Obreras y UGT, Fernando Puig y Toni Ferrer, respectivamente, mostraron, en rueda de prensa, su sorpresa por la "urgencia" del Gobierno para romper el acuerdo de estabilidad del empleo firmado en 1997, y el de tiempo parcial del 98, con unas medidas que son "ieficaces" para combatir la precariedad laboral, principal problema del mercado de trabajo.

Puig indicó que el acuerdo entre patronal y sindicatos no ha sido posible por la "alianza" entre el Gobierno y los empresarios para "imponer, en vez de acordar", medidas que "sólo van a perjudicar los derechos de los trabajadores".

A juicio del representante de CCOO, la reducción del contrato eventual de 13 meses y medio a 12 es "ineficaz" porque sólo 9.000 contratos, de los cuatro millones de eventuales, tenen una duración mayor a 12 meses.

Asimismo, considera "inútil" indemnizar con ocho días por año trabajado el despido en los contratos temporales, porque en un contrato medio la indemnización sería, según los sindicatos, de 88 pesetas diarias.

Ferrer indicó que, en consecuencia, esa indemnización no sirve ni para desalentar la contratación temporal ni para compensar adecuadamente al trabajador cuando no se le renueva un contrato temporal.

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL

El dirigente ugetista caificó de "barbaridad" la supresión del límite del 77% de la jornada laboral para los contratos a tiempo parcial y advirtió de que impedirá conciliar la vida familiar y laboral, en el caso de las mujeres, y el trabajo y los estudios, en el de los jóvenes.

La ampliación de los colectivos que pueden acogerse a la contratación indefinida es, a juicio de Ferrer, "inútil", porque no se acompaña de medidas que permitan reducir la temporalidad.

Los sindicatos denuncian que el contrato de formación deja d serlo con la reforma, ya que se amplia a ciertos colectivos, como inmigrantes, parados de larga duración y desempleados en situación de exclusión social, lo que "desnaturaliza" el sentido de este contrato.

Puig y Ferrer indicaron que van a estudiar con detenimiento el Real Decreto de reforma para analizar el programa de bonificaciones, aunque manifestaron que es "la primera vez" que el Gobierno las pone en marcha sin comunicárselo a nadie.

AVISO A AZNAR

Las centrales pidieron que el presidentedel Gobierno "asuma su responsabilidad" y convoque a los secretarios generales de CCOO y UGT inmediatamente, para explicarles qué le ha llevado a aprobar esta reforma y cómo quedan a partir de ahora las relaciones entre el Ejecutivo y los sindicatos.

Ferrer aseguró que con este "decretazo" el Gobierno consuma su "desprecio" por el diálogo social invocado en el 97, y acusa a Aznar de firmar su "certificado de defunción", cuando aquélla fue una reforma que dio "buenos resultados" tanto para el desarroll de la economía, como para empresarios y trabajadores.

A principios de la semana que viene se reunirán las Ejecutivas de CCOO y UGT. Será entonces cuando determinen la respuesta que darán a la reforma del Gobierno y el eventual calendario de movilizaciones.

Los sindicatos no creen que la reforma laboral pueda "contaminar" la Mesa para la Protección Social, aunque mostraron su preocupación por que el Gobierno no haya dado una respuesta a la regulación de la jubilación anticipada para los mayores d 60 años.