La aprobación del decreto-ley sobre la reforma laboral, que tiene el visto bueno de los agentes sociales, se produce tres semanas después de la firma formal de los acuerdos alcanzados entre los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y CEPYME que tuvo lugar el pasado 28 de abril, tras más de nueve meses de intensas negociaciones.

Pese a que el PSOE se opuso inicialmente a que la reforma laboral se tramitara como decreto-ley, ayer mismo el secretario general del partido, Felipe González, indicó que su grupo parlamentario apoyará el decreto-ley, pero con la condición de que el PSOE conozca entre hoy y mañana el texto legal, antes de que lo apruebe el Gobierno.

Los responsables sindicales y empresariales vienen reclamando insistentement la necesidad de que la reforma se apruebe cuanto antes, con el fin de aprovechar los meses de verano, que son los de mayor creación de empleo, opinión que comparte plenamente el Gobierno, por lo que ha optado por la vía del decreto-ley, en lugar del proyecto de ley como reclamaba inicialmente el PSOE.

El ministro de Trabajo, Javier Arenas, ha mantenido esta semana y la pasada contactos con conocidos expertos en Derecho del Trabajo y algún magistrado del Tribunal Supremo antes de la redacción final de decreto-ley que mañana irá al Consejo de Ministros. La pasada semana también mantuvo reuniones con todos los grupos parlamentarios sobre la reforma laboral.

El Gobierno ha estado en contacto también en todo momento al redactar el texto legal, como es lógico, con los agentes sociales, que han dado el visto bueno a las modificaciones jurídicas que se han introducido para adaptar los acuerdos alcanzados a texto legal.

Ayer, el Consejo Económico y Social aprobó por mayoría absoluta el dictámen sobrela reforma laboral, que valora positivamente los textos normativos elaborados por el Gobierno para implementar los acuerdos alcanzados por los agentes sociales y asegura que trasladan "fielmente" lo pactado por sindicatos y empresarios.

INCENTIVOS

Además, la intención del Gobierno es aprobar mañana en el Consejo de Ministros el decreto-ley sobre incentivos a la contratación, que también ha sido consultado con empresarios y sindicatos y en el que se recogerán los incentivos al nuevo contrato indefinio nacido de la reforma.

Aunque el ministro Arenas no ha concretado exactamente los incentivos del nuevo contrato fijo, se habla de una bonificación en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para estos contratos que podría rondar el 50% con carácter general, aunque para algunos de los colectivos más desfavorecidos a los que afecta este contrato la bonificación podría ser superior al 50%.

La intención del Gobierno es reordenar todos los incentivos a la contratación que hay actualmente eliminando las subvenciones a los contratos temporales y dirigiendo los incentivos hacia los contratos indefinidos. Arenas ha asegurado, tras los temores manifestados por los sindicatos, que las bonificaciones del nuevo contrato fijo no provocarán ninguna merma en los recursos que se destinan a políticas activas de empleo ni en el presupuesto del Inem.

El nuevo contrato fijo es la principal novedad de la reforma laboral. Este contrato va dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años, parados que lleven almenos un año inscritos como demandantes de empleo, mayores de 45 años y minusválidos, y tiene una indemnización por despido improcente de 33 días por año trabajado por un máximo de 24 mensualidades, inferior a la actual (45 días por año por un máximo de 42 mensualidades).

Otro cambio importante de esta reforma es la modificación del artículo 52.c del Estatuto de los Trabajadores, que regula el despido individual y plural (no el colectivo) por causas objetivas. La reforma elimina el actual contrato de prendizaje, que se sustituye por un contrato de formación con mayores derechos y garantías sociales.