Según informaron a Servimedia fuentes parlamentarias, los diputados han decidido que, como consecuencia del trámite de Presupuestos, era mejor dejar el trámite de las enmiendas al articulado del proyecto de ley hasta después de la celebración del debate de totalidad de Presupuestos, que tuvo lugar ayer.

Todos los grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas al proyecto de ley que recoge el acuerdo alcanzado por el Gobierno, la patronal y los sindicatos el pasado 3 de octubre, hace ya más de dos semanas.

El siguiente paso es que la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales designe la ponencia que debe trabajar sobre las citadas enmiendas.

Esa ponencia debe decidir qué propuestas de los grupos parlamentarios se incorporan a la ley y elaborar el dictamen que deberá ser refrendado por la Comisión de Trabajo, donde se analizarán, asimismo, las enmiendas que no se hayan introducido en el dictamen.

Tras ese trámite, el proyecto de ley pasará al Pleno del Congreso para ser remitido al Senado, donde se repetirá nuevamente el proceso. La ley deberá ser aprobada nuevamente por la Cámara Baja.

PROPUESTAS

Entre las principales iniciativas, una del PSOE para que los Centros Especiales de Empleo de titularidad pública puedan seguir recibiendo ayudas, dado que la reforma laboral excluye de la política de bonificaciones a las Administraciones Públicas.

Asimismo, el PSOE propone que por las personas con discapacidad que trabajan en estos centros no se pagarán cuotas a la Seguridad Social, con lo que se mantiene el sistema vigente hasta la entrada en vigor de la reforma, con la que se ha producido una "disminución relevante" de las ayudas a la contratación de discapacitados.

El PP, por su parte, reclama duplicar las ayudas a la contratación de personas con discapacidad contenidas en la reforma laboral, e incentivos adicionales para discapacitados severos, mayores de 45 años y mujeres.

CiU, mientras, propone que la cobertura del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se amplíe a las empresas de hasta 50 trabajadores, en lugar del límite actual de 25 empleados, y un trámite más ágil a los expedientes de regulación de empleo cuando sean pactados y conlleven un plan social.

Asimismo, la federación nacionalista reclama la elaboración de un Plan Senior dirigido al mantenimiento en el empleo de los mayores de 45 años. También incluye, como el PP, un incremento de las ayudas a la contratación de personas con discapacidad, aunque de un 50%.