"La realidad es que e ha aprobado la ley de Enjuiciamiento Civil, que es la ley que protege los derechos de los ciudadanos en sus relaciones más cotidianas y esos 825 artículos aprobados de forma casi unánime no pueden ser desvirtuados porque se hayan rechazado 11 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial", comentó hoy en rueda de prensa en la sede del Ministerio de Justicia.

De este modo, Mariscal de Gante salió al paso de las versiones ofrecidas desde la oposición y en los medios de comunicación sobre la derrota osechada ayer por el Gobierno en la votación en el Congreso.

Precisamente, Mariscal de Gante convocó este mediodía a los periodistas para expresar su consternación por el enfoque dado a la acción parlamentaria y para afirmar que "para mí ayer fue un día muy bueno y para el Gobierno un gran día, porque (la ley de Enjuiciamiento Civil) apuesta por la defensa de los derechos de los ciudadanos mucho más allá de lo que son los intereses electorales o partidistas", dijo.

La ministra conocía de antemano a tenor de las declaraciones formuladas por los portavoces de los socios en el Gobierno en los días previos a la votación, que no todo el articulado iba a ser aprobado. A pesar de ello, recordó una y otra vez que en la Comisión de Justicia -en su reunión del mes de julio-"ningún grupo parlamentario se opuso formalmente a esa reforma de la ley orgánica del Poder Judicial".

Ese cambio de postura lo explicó la ministra señalando que "dentro de la lógica, la oposición intenta disimular ese éxito hacieno valer que no han salido once artículos de la ley del Poder Judicial (...) y otra cosa es que por razones electorales o de someterse a cuestiones corporativas se prefiriera hacer parecer una pequeñísima derrota al Gobierno".

Al ser preguntada por si se había planteado la posibilidad de dimitir tras el mencionado revés político, la ministra comentó: "A la oposición le gustaría mucho que yo dimitiera porque lo cierto es que se está cumpliendo el programa de justicia que se estableció en el discurso de nvestidura. Como está siendo así, me parece absurdo plantearme ninguna dimisión, máxime cuando lo que ha existido es una victoria en un proyecto tan importante".

Sobre las dificultades que podría tener la aplicación de la ley de Enjuiciamiento Civil sin la reforma no aprobada en la otra normativa, señaló que "esos once artículos se refieren fundamentalmente al tema de quién conoce del denominado recurso por infracción procesal. Al no haberse aprobado la reforma citada será el Tribunal Supremo el que sguirá conociendo de este tema".

Por último, la ministra se refirió al rechazo que había suscitado entre el colectivo de abogados la reforma legislativa del Poder Judicial para decir que "lo que defienden es un interés corporativo".

Al respecto, mantuvo que en los casos de reclamaciones de menos de cinco millones de pesetas, cuando no existe controversia, "primero no es factible imponerle al ciudadano una carga al tener que pagar a un abogado o a un procurador y segundo porque es un sistema que yaestá siendo experimentado y está dando un resultado espléndido".