En opinión de Torres del Moral, que participó en las jornadas sobre "Reforma Constitucional" de los cursos de verano de la UNED, llama la atención que para quitar una palabra e incluir dos más en un apartado de la Carta Magna sea necesario movilizar a todos los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado.

El catedrático considera que el citado artículo debería decir que los extranjeros "serán titulares del derecho de sufragio en laselecciones municipales cuando, atendiendo a criterios de reciprocidad, así se establezca por tratado o por ley".

"Si lo que se pretende es dar protagonismo a los grupos parlamentarios", dijo, "no debe ser para poner o quitar algunas palabras, sino para perfilar una redacción del artículo 13.2 más depurada".

Por otra parte, Torres del Moral cree que la redacción final de los artículos de la Constitución que hacen referencia a los derechos de participación son imperfectos, ya que el propio artículo13.2 hace referencia el artículo 23 de forma perturbadora.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que no es necesario modificar este último artículo y que el proceso de reforma sería muy costoso, ya que sería preciso disolver las cámaras y efectuar elecciones y un posterior referéndum.

En cuanto a la reforma Constitucional, Torres del Moral considera que "aunque es factible, porque los años han dado el sosiego necesario para no tener apetencias nacionalistas y de otro tipo, su puesta e práctica admite demora".

En su opinión, los poderes públicos y las fuerzas políticas se resisten mucho a las variaciones y pretenden hacerlas por la vía de la reforma del reglamento del Senado. "Es preciso reformar la Constitución", insistió, "no basta con modificar un reglamento".

Otro apartado de la Carta Magna susceptible de reforma es, según Torres del Moral, la regulación del decreto-ley del artículo 86, que en su actual redación sirvió de base a la expropiación de Rumasa y que conllevó unasentencia del TC en la que los magistrados votaron 6 a 6 y tuvo que decidir el voto de calidad de Manuel García-Pelayo y Alonso, presidente del Alto Tribunal.