Los dos principales partidos políticos, PP y PSOE, comparten también la idoneidad de este cambio constitucional pero en los últimos cinco años han sido incapaces de ponerse de acuerdo para llevarlo a cabo. El Gobierno presume incluso de haber promovido esta idea en los últimos tiempos pero todo comenzó con una iniciativa popular de una activista sorda.

La periodista Vicky Bendito dio el primer paso en 2018 al registrar en la plataforma ciudadana ‘Change.org’ una propuesta para reformar el artículo 49 de la Carta Magna e iniciar una recogida de firmas para llevar al Parlamento esta demanda con el respaldo de miles de personas. De hecho, en pocos meses consiguió superar las 80.000 rúbricas.

La idea comenzó a rondar su cabeza tras participar en un acto de lectura de la Constitución en el Congreso, donde previamente trabajó durante años como cronista parlamentaria para la agencia de noticias Servimedia. Bendito escogió el artículo 49 y reconoce que entonces le causó absoluta “sorpresa” leer en voz alta ese fragmento por estar redactado “desde un punto de vista médico rehabilitador”.

“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”, plasmaron en 1978 los padres de la Constitución.

Para Bendito, no tiene sentido mantener vigentes aquellas palabras cuando la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad acordó y aprobó en 2006 un cambio en el tratamiento de este colectivo, que desde entonces pasa mundialmente a ser reconocido como “personas con discapacidad” y cuenta con una larga lista de reconocimientos para su plena inclusión en la sociedad, especialmente en los ámbitos educativo y laboral.

“No es comprensible que, habiendo firmado y ratificado la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, España se refiera a nosotros en su Carta Magna con un término como ‘disminuido’”, argumentaba en junio de 2018 la petición de firmas de Vicky Bendito. “El lenguaje contribuye a la normalización y a la inclusión. Difícilmente podemos avanzar en la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad cuando nuestra Constitución emplea un término tan negativo como el que recoge en su artículo 49”.

La iniciativa logró un fuerte respaldo social gracias al movimiento asociativo de la discapacidad, con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) al frente, y a la difusión que Bendito logró a través de los medios de comunicación. “Fue todo muy sorpresivo, por el número de firmas que lo apoyaron, no pensaba que iban a ser tantas firmas”, admite todavía sorprendida en una entrevista a Servimedia.

Vicky Bendito, durante su comparecencia parlamentaria | Foto del Congreso de los Diputados

La Comisión del Congreso de los Diputados para las Políticas Integrales de la Discapacidad rápidamente escuchó la voz del sector y emprendió una serie de comparecencias para explorar una reforma del artículo 49. Así llamó a comparecer en sede parlamentaria al presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno; a la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Yolanda Gómez; y al secretario general del Consejo General de la ONCE, Rafael de Lorenzo.

También emplazaron a comparecer a la propia Vicky Bendito como impulsora ciudadana de la iniciativa y periodista sorda. “Lo recuerdo con mucha emoción”, afirma, si bien con el paso de los años ese sentimiento se ha transformado en “decepción” porque ahora “no parece que sea una prioridad para el Pleno del Congreso” y al cabo de cinco años sigue pendiente la reforma que en otoño de 2018 parecía inminente. “Como siempre, las personas con discapacidad tenemos que esperar pero llevamos esperando toda la vida”, remacha.

Esta actitud es la que le llevó a emprender la campaña para reformar el artículo 49 de la Constitución y la que poco tiempo después motivó que el Cermi le concediera su Premio 2021 en la categoría de activista por la labor realizada en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

ACUERDO UNÁNIME PARA LA REFORMA

Pocas semanas después, los portavoces de esta comisión del Congreso alcanzaron un acuerdo unánime al pactar un texto que sustituiría al original del artículo 49 de la Constitución y que pondría fin a la discriminación lingüística que sufren las personas con discapacidad en pleno siglo XXI. El momento era de lo más propicio, en pleno 40º aniversario de la Carta Magna y con un año y medio de margen antes del final de la legislatura para culminar con éxito el proceso.

“Volvamos a aprender a dialogar”
Al menos siete grupos políticos hemos llegado a un texto consensuado para reformar el artículo 49 de la Constitución Española que enviaremos hoy a @carmencalvo_ y a @Cermi_Estatal
Esto sí es política, lo demás griterío. pic.twitter.com/F0m2Mq0X83

— Íñigo Alli (@inigoalli) December 5, 2018

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez asumió el acuerdo y el 7 de diciembre de 2018 aprobó en Consejo de Ministros un anteproyecto para emprender la reforma constitucional “a partir de la propuesta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad” y consonancia con las demandas “del colectivo de personas con discapacidad, representado por Cermi”. El cambio iba a modificar por completo el artículo 49 de la Constitución con cuatro puntos claros.

"1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.

2. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.

3. Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.

4. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

Pero las circunstancias políticas cambiaron y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió tras aquellas navidades adelantar al 28 de abril de 2019 las elecciones generales previstas para junio de 2020. Así que el proyecto del Ejecutivo decayó al disolverse las Cortes Generales y dejó de ser una prioridad con otra repetición electoral en noviembre y la llegada de la pandemia de covid-19 cuando empezaba a andar el nuevo Gobierno de coalición conformado por PSOE y Unidas Podemos.

Así fue como la reforma constitucional pasó a dormir el sueño de los justos en un cajón hasta que el 11 de mayo de 2021 el Consejo de Ministros lo recuperó y aprobó otro anteproyecto para la reforma del artículo 49 de la Constitución. El texto era muy similar, pues respetaba el fondo del consenso parlamentario de todos los partidos en 2018, aunque introducía pequeños retoques de forma que la oposición criticó meses después.

SIN POSIBILIDAD DE ACUERDO

El contexto político había cambiado radicalmente en menos de dos años y la posibilidad de cualquier entendimiento entre los dos grandes partidos estaba hecho añicos. La aparición de Vox en el arco parlamentario también dinamitaba la repetición de un acuerdo por unanimidad, ya que el partido de Santiago Abascal inicialmente ni lo consideraba una prioridad ni se fiaba de que los socios de Pedro Sánchez aprovecharan para abrir en canal el resto de la Constitución.

La propia Carta Magna obliga a que su reforma se lleve a cabo por amplio consenso, gracias al voto favorable de tres quintos de las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado, lo que hace imprescindible al menos el entendimiento de PP y PSOE. Precisamente, el acuerdo entre los dos grandes partidos pareció estar más cerca cuando Alberto Núñez Feijóo tomó las riendas del PP en abril de 2022 y en sus primeras semanas como líder de los populares manifestó su disposición a retocar la Constitución siempre que los cambios quedaran acotados exclusivamente al artículo 49. No recibió garantías para ello y apenas hubo avances.

Todo se complicó aún más cuando la Cámara Baja prosiguió su procedimiento y llegó al trámite de enmiendas, pues aumentaron las diferencias de los partidos con sugerencias incompatibles entre sí. Ciudadanos propuso en enero de este mismo año aprovechar la reforma constitucional para recentralizar competencias de sanidad y educación, así como eliminar la circunscripción provincial en las elecciones generales para cambiarla por una nacional.

Por su parte, el PNV planteó el reconocimiento del derecho a decidir de los diferentes territorios de España de forma pactada con el Estado, además de limitar la inviolabilidad del Rey y suprimir el artículo 155 que habilita a suspender la autonomía de una comunidad, como sucedió en 2017 en Cataluña tras el referéndum ilegal convocado por Carles Puigdemont y su posterior declaración unilateral de independencia.

El proceso legislativo volvió a truncarse con el anuncio de elecciones generales de Pedro Sánchez para el pasado 23 de julio, pues la cita con las urnas anula automáticamente todas las reformas que estén en marcha en ese momento. Eso significa que o bien el Congreso o bien el Gobierno tendrán que iniciar otra vez los trámites para retocar el artículo 49 de la Constitución.

En apariencia, tanto PP como PSOE siguen coincidiendo en su necesidad y conveniencia, pero la realidad es que no son capaces de ponerse de acuerdo. Así que las personas con discapacidad como Vicky Bendito, que dio los primeros pasos con su iniciativa popular, siguen esperando y confían en que en algún momento de esta legislatura sea posible. “Ojalá se haga en esta legislatura y que el Pleno lo pueda aprobar por unanimidad”, presiona esta periodista sorda. “Eso sí sería un buen ejemplo y sería la primera reforma de la Constitución que emana de la sociedad civil”.