Así lo anunció hoy en Santander el secretario de Estado de Administración Pública, Julio Gómez-Pomar, quien inauguró un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre la reforma administrativa.

El grupo de expertos constituido en el seno del Ministerio de Administraciones Públicas para redactar un documento base con las líneas formales de la reforma enviará su trabajo al Congreso a mediados de septiembre.

Dichogrupo, que preside el responsable del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Fernando Sáinz Moreno, está formado, además, por expertos en Derecho Administrativo y Sociedad de la Información.

Será a partir de la recepción de este primer informe cuando la subcomisión constituida ya en el seno de la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso inicie los trabajos de debate y pida las comparecencias que considere necesarias.

Así, antes de que acabe el año y se disuelva el Parlameno, la subcomisión presentará unas conclusiones que serán tenidas en cuenta, en un proceso prácticamente similar al que sucedió con el Pacto de Toledo en 1995, para acometer el proceso legislativo que desarrolle dichas conclusiones.

La necesidad de acometer esta reforma se sustenta, según Gómez- Pomar, en la descentralización vivida en España, con importantes transferencias asumidas por comunidades autónomas y ayuntamientos, así como otras competencias que han quedado en manos de la Unión Europea.

En la nueva administración pública jugará un papel "trascendente" la administración electrónica, que convierta las relaciones con los ciudadanos en algo "más eficiente" y "más cómodo".

Gómez-Pomar confió en que se consiga cerrar un acuerdo triple: por un lado, con las formaciones políticas; por otro, institucional con las comunidades autónomas y las corporaciones locales; y, por último, social, con los sindicatos de la administración pública.