Dicha sntencia, según explicaron hoy en un comunicado ambas centrales, se refiere a la convocatoria, en 1979, de un concurso-oposición restringido, para la cobertura de 80 plazas de sargento de la Policía Municipal, en la que fue permitida la participación de los agentes de base, aunque el reglamento del cuerpo exige para ello contar con la categoría de cabo.

Los cabos interesados, siempre según CCOO y UGT, formularon un recurso contra las bases de la mencionada convocatoria, que fue desestimado por un decreo de la Alcaldía Presidencia, de fecha 21 de febrero de 1980. De esta forma, el concurso-oposición se celebró en 1981, siendo promocionados al empleo de sargento 11 cabos y 69 policías.

Posteriormente, los cabos afectados interpusieron un recurso contencioso-administrativo, que fue resuelto en 1982 por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lo estimó y declaró que las plazas de sargentos quedaban reservadas, exclusivamente, a aquellos que tuvieran la categoría de cabo.

Conra esta resolución judicial, el Ayuntamiento de Madrid formuló otro recurso, que fue desestimado en 1984 por el Tribunal Supremo.

Según el comunicado de CCOO y UGT, mientras esta "batalla" legal tenía lugar, e incluso después de su fin, 12 de estos sargentos ascendieron a suboficial, 5 a oficial y uno de ellos fue nombrado subinspector habilitado, todo ello sin que los sucesivos equipos de gobierno municipal decidieran respetar la sentencia.

Esta última declara nulas las bases de la convocatoriadice que son nulos todos sus actos, especialmente el nombramiento de aquellos 80 sargentos.

NOMBRAMIENTO ILEGAL

Igualmente, señala que carecen de validez aquellos actos posteriores que están basados "en aquel nombramiento ilegal", como lo son los posteriores ascensos a suboficial, oficial y subinspector.

Las secciones sindicales de CCOO y UGT en la Casa de la Villa recuerdan que el incumplimiento de la sentencia, a pesar del largo tiempo transcurrido, obligó a que el Tribunal Superior de Justiia, en un escrito de fecha 14 de febrero de 1991, exigiera al entonces alcalde, Agustín Rodríguez Sahagún, su inmediata ejecución.

Sin embargo, ambas centrales ponen de relieve que el CDS prefirió dejar esta "patata caliente" a la siguiente corporación, cuyo máximo responsable, José María Alvarez del Manzano, declaró en su día a los medios de comunicación que nadie en el Ayuntamiento ha pensado en degradar a los mandos de la Policía Municipal afectados.

Los sindicatos han exigido en anteriores ocsiones la apertura de negociaciones para debatir la forma en que se aplicaba la sentencia, lo que nunca mereció la respuesta municipal, indica la referida nota de prensa.

CCOO y UGT han presentado la denuncia en la Fiscalía de Madrid al amparo del artículo 369 del Código Penal, que dice: "Los funcionarios que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias incurrirán en las penas de inhabilitación especial y multa".