El ministro de Economía, Carlos Solchaga, expresó su "profunda decepción", mientras que el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, aseguró que "los sindicatos se han negado a negociar".

ras siete horas de discusión, los secretarios generales de UGT y CCOO, Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo, decidieron levantarse de la mesa y dar por "agotada" la negociación.

No obstante, antes de abandonar la reunión, expresaron su deseo de seguir con el diálogo social en setiembre, pero ajustándose al modelo de concertación bipartita utilizado el año pasado, a inicitiva de los sindicatos.

Solchaga señaló en rueda de prensa que el Gobierno esta dispuesto a reanudar la negociación, si se lo pidn los sindicatos, y se mostró abierto a seguir negociando aspectos concretos con los agentes sociales a la vuelta de las vacaciones, "aunque desearía que fuera mañana mismo".

Nicolás Redondo aseguró que "por más vueltas y vueltas que le hemos dado y a pesar de la paciencia benedictina empleada, no ha sido posible el acuerdo". Culpó al Gobierno de la ruptura "por plantaear un modelo de negociación imposible".

"Tampoco hubo acuerdos con los partidos políticos en el Parlamento cuando el Gobierno preentó su propuesta" añadió. "¿No será que esa iniciativa era inasumible y por tanto habría que pedir las responsabilidades al propio Gobierno que pide un acuerdo que era imposible?", se preguntó.

El máximo dirigente de UGT aseguró que, antes de renunciar a la negociación, le plantearon al Gobierno un cuestionario con las principales propuestas sindicales "y las respuestas del Ejecutivo fueron reiteradamente negativas".

"El empecinamiento del Gobierno y la patronal en plantear una negociación de esas características era una operación política y no un intento de mejorar el sistema social", agregó.

Antonio Gutiérrez dijo, por su lado, que "por honestidad con nosotros mismos, con la opinión pública y especialmente con los trabajadores, era nuestra obligación decir la verdad, y la verdad es que esta negociación empezó mal e iba de mal en peor".

Explicó que su presencia y la de Redondo en el encuentro de hoy obececió al deseo de ambos dirigentes de hacer un último esfuerzo para "reconducir la ngociación bien, y si las cosas han ido mal, es porque aquí ha habido una mentira desde el primer momento".

Gutiérrez afirmó que "no había una propuesta de pacto de rentas global realmente equilibrado, en el que se pudieran asegurar dos puntos, como se prometió públicamente, de ganancia del poder adquisitivo, ni que esa ganancia fuese para todo el mundo".

"Al revés", añadió, "reunión tras reunión han ido o bien rebajando la ganacia prometida, o excluyendo a los colectivos más necesitados, hasta suar, según nuestros cálculos, nueve millones de personas".

DESPIDO LIBRE

También criticó a la patronal por "plantear peticiones como el despido libre en las pequeñas y medianas empresas, y una mayor flexibilidad en la normativa laboral, a sabiendas de que estos aspectos eran motivo conocido de desacuerdo por parte de los sindicatos".

Las escasas garantías ofrecidas por el Gobierno sobre la reinversión de los beneficios empresdariales que se reparten anualmente las empresas es, según las centrale, otro de los aspectos que consideraban fundamentales y que no han sido aceptadas por el Gobierno y la CEOE.

Esta acusación fue rechazada por el secretario general de la patronal, Juan Jiménez Aguilar, quién aseguró que los empresarios "han mostrado desde el principio su disposición a negociar, frente a un pacto serio de precios y salarios, una limitación de los dividendos de las empresas".

También el ministro de Economía se pronunció sobre esta diferencia de criterios entre los empresarios y lossindicatos, cuando aseguró que "yo no diré quién miente, pero los empresarios dicen la verdad".

Solchaga indicó que "el Gobierno sigue pensando que la mejora de la competitividad en la economía española es necesaria", y aseguró que presentará a las Cortes las propuestas de reformas estructurales que había incluido en el pacto, junto al proyecto de ley de presupuestos para 1992.

Respecto a las posibles consecuencias de una falta de acuerdo, el ministro señaló que "no significa la aplicación de un lan de estabilización", pero sí advirtió que "el periodo de convergencia con las economías de nuestros directos competidores será mas largo".

También afirmó que el pacto de rentas defendido por el Gobierno hubiera supuesto menos sacrificios económicos, ya que el margen de la política monetaria y fiscal habría sido mayor.

Entre las consecuencias que podría traer, señaló, se encuentra un crecimiento económico de un punto menos al que hubiera sido posible con el pacto. También el empleo aumentará, aroximadamente, 1,5 puntos menos que con el acuerdo, concluyó.