Redondo indicó también que su sindicato estudia la posibilidad de inciar acciones legales contra el decreto sobre reforma de las prestaciones por desempleo, sin descartar la interposición de un recursos ante el Tribunal Constitucional.

Tras entrevistarse con el secretario general del PCE, Julio Anguita, el líder ugetista dijo que "no podemos gastar en un día todos los cartuchos, y queremos administrar nuestra capacidad de protesta que, desde luego, será contundente".

También expresaron estaopinión otros miembros de la ejecutiva de UGT, como su secretario confederal José María Zufiaur, quién señaló que, si se hace ahora una huelga general, las centrales tendrán más dificil convocar otra cuando la sociedad española comience a notar los primeros efectos del "decretazo" aprobado por el Gobierno.

Además, el dirigente ugetista añadió que el decreto sobre prestaciones por desempleo, que entró en vigor hoy, "puede ser sólo el aperitivo de otras medidas que también tendrían una amplia contestacin social, como la ley de huelga".

Respecto a las consecuencias sociales de las medidas económicas contempladas en el plan de convergencia, Nicolás Redondo opinó que la situación comienza a ser muy preocupnate. "Si la negociación colectiva está bloqueada y la protesta es la que estamos empezando a ver", agregó, "se corre el riesgo de que este bloqueo absoluto pueda llegar a ser utilizado políticamente".

Por su parte, el secretario general del PCE, Julio Anguita, dijo que "Maastricht es una excusa ara un plan prácticamente salvaje", en referencia al argumento del Gobierno de que los acuerdos de la última cumbre comunitaria obligan a aplicar el Plan de Convergencia.

El dirigente comunista afirmó también que la trayectoria de la política económica del Gobierno en los últimos diez años "responde a una lógica de alianzas con los poderes económicos y sociales más conservadores", y que "esa estrategia ha llegado a su máxima exacerbación con el Plan de Convergencia".

Anguita señaló que la formacin política que lidera analizará cualquier propuesta de huelga general que hagan los sindicatos, "y si encontramos que son justas nos lanzaremos a apoyarlas con todas las consecuencias".

Señaló que "ya no hay sitio donde no haya habido protestas y conflictos" y agregó que "si un gobernante no tiene esto en cuenta y atiende a lo que se produce en el seno de la sociedad, ese gobernante ya no gobierna y está ante una concepción mesiánica de la acción de Gobierno".

ANALISIS SINDICAL

Los primeros anáisis realizados por un equipo de expertos de UGT sobre el decreto que reforma las condiciones del INEM para percibir el paro, señalan que hay aspectos que permitirían iniciar un proceso contencioso-administrativo contra la medida del Gobierno, y llevarla, incluso, hasta el Tribunal Constitucional.

Según UGT, el decreto del Gobierno conculca la Ley de Protección al Desempleo, al omitir el informe preceptivo del Consejo General del INEM, e infringe la Constitución al suprimir el derecho del trabajador arechazar una oferta de empleo. Además, este último aspecto, en opinión de UGT, "deja las manos libres al empresario para fijar las condiciones de trabajo".

Para UGT, el decreto afectará especialmente a los empleados en sectores con un elevado índice de contratos de duración inferior a un año, como la hostelería o la construcción, donde la evetualidad afecta al 55 por cien de los trabajadores. Estas personas, afirman, tendrían que trabajar hasta los 70 años para poder cobrar una pensión del Régimen Genral de la Seguridad Social.

Esta condición choca, según el sindicato, con la limitación a los 65 años para jubilarse obligatoriamente, y hace prever un aumento de las prestaciones asistenciales, al pasar del 48 por cien del total que abona ahora la Seguridad Social al 75 por cien.

De acuerdo con las estimaciones de UGT, la ampliación de los periodos de cotización para cobrar el seguro de desempleo supondrá una caída del 36,37 por cien en el número de prestaciones contributivas, y una reduccción d su importe medio de 81.000 a 68.000 pesetas.

Además, los parados sin cobertura aumentarán un 11 por cien, al caer la cobertura por desempleo del 56 por cien actual al 45 por cien.