Según Redondo, los excluidos por el Ejecutivo son los pensionistas, las clases pasivas, los perceptores del salario mínimo y prestaciones sociales y determinados supuestos de contratos temporales, que no estarían sujetos a la revisión del poder adquisitivo en el pacto de rentas propuesto por el Gobierno.

En el documento, el dirigente de UGT señala que, tras la reunión mantenida la semana pasada con los sindicatoslos empresarios, "no hay novedades en la posición del Gobierno. Disipada la ambigüedad calculada y desmentido por la realidad el doble lenguaje, se ha constatado que no era cierto lo que se había vendido en la primera lectura a la opinión pública".

Critica también al Ejecutivo por no concretar la aplicación de una cláusula de dos puntos de garantía en el poder adquisitivo de los salarios y su negativa a que la revisión anual se haga automáticamente y con carácter universal.

A juicio de Redondo, l Gobierno no ha tenido voluntad alguna "en comprometerse en una política de rentas realmente progresista", y le reprocha que no desee "establecer un marco para la canalización de los beneficios empresariales".

"Resulta paradójico", añade, "que, en el supuesto pacto de rentas, el Gobierno se autoexcluya por completo, dejando todos y cada uno de los puntos que hemos propuesto a la negociación entre sindicatos y la CEOE. ¿Cuál es, entonces, su aportación?, ¿cuál es el sentido de la convocatoria realizad?", se pregunta.

Cita como ejemplo de que "no había la menor intención de abordar la competitividad de la economía española" el hecho de que inversiones en infraestructuras básicas se vean "muy seriamente afectadas por recortes presupuestarios decididos unilateralmente, como siempre, al margen de la mesa de negociaciones y sin que los sindicatos reciban la menor información".

"Además", dice Redondo, "se utiliza como pretexto para esos recortes unas pensiones no contributivas que ni siquiera se ha comenzado a pagar, y llama la atención el discurso profundamente conservador que se está utilizando, contraponiendo gasto sanitario a carreteras, haciendo sospechosos de fraude a todos los parados, amenazando con hacer pagar a los ciudadanos servicios públicos esenciales, etc".

REFORMA DEL MERCADO LABORAL

Respecto a la reforma del mercado laboral, el secretario general de UGT considera que la decisisón del Ejecutivo de remitirse al informe de los expertos sobre revisión de las modalidades de contraación "implica el rechazo de plano a nuestra petición de que se derogue el contrato llamado de fomento del empleo".

Este modelo de contratación, añade el sindicalista, "es el verdadero cáncer de nuestro sistema de precarización, en cuanto que supone más del 90 por cien de los contratos temporales".

Redondo informa también a las bases de la central que, en las reuniones mantenidas hasta ahora sobre competitividad, ha constatado "la manifiesta sintonía entre Gobierno y CEOE, encubierta bajo la form de una 'neutralidad activa' en favor de la patronal".

"Los respresentantes gubernamentales", añade, "a la vez que exponen un 'no' rotundo a los planteamientos de los sindicatos, están abiertos a negociar en torno a las medidas regresivas de los empresarios".

Entre las propuestas de la patronal cita "la modificación del Estatuto de los Trabajadores para acentuar la flexibilidad de la jornada laboral, eliminar la autorización administrativa en los despidos colectivos y reintroducir el abaratamient del despido en las empresas de menos de 25 trabajadores".

Finalmente, el dirigente de UGT se pregunta: "¿Por qué se han creado falsas expectativas en torno a un pacto cuyo fracaso puede crispar más la situación social?".

"En realidad", concluye, "el Gobierno tiene acostumbrados a los ciudadanos de este país a su pretensión de buscar culpables externos a los que imputar sus propios errores. Un día son los jueces, otro los periodistas, y siempre los sindicalistas".