El sindicalista basó su afirmación en "el propio secretismo" que rodea el trabajo de esa comisión y los pasos hacia la privatización que están dando las utoridades antes, incluso, de conocer el informe definitivo de esos expertos.

Redondo efectuó estas declaraciones en la sesión de clausura de la jornada de debate "Defender y mejorar el sistema sanitario público", que organizaron hoy en Madrid la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, CC OO, UGT, el Sindicato de Enfermería-Satse, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y la Unión de Consumidores de España.

El secretario general de UGT señaló que "la Ley Genera de Sanidad de 1986, aunque contenía aspectos y orientaciones positivas, supuso, de hecho, la quiebra del modelo sanitario prometido", en alusión al que llevó a los socialistas al poder en octubre de 1982.

A partir de la Ley de Sanidad, "el 'statu-quo' imperante hasta entonces se rompió en favor de los 'poderes fácticos' sanitarios que dejaron su impronta. Mayor, desde luego, que la de los sindicatos, cuyas opiniones no fueron tomadas en cuenta", recalcó Redondo.

"SANIDAD MIXTA"

Para el dirigene ugetista, la denominada "sanidad mixta" es un eufemismo que oculta la privatización de algunos servicios, como también "las amenazas de limitar la gratuidad mediante tasas o 'tickets' moderadores, de reducir las prestaciones gratuitas y de reconducir las prestaciones públicas a una asistencia de mínimos para las personas con menores recursos".

El sindicalista efectuó una autocrítica por no haber denunciado y actuado con la suficiente energía "el aumento de los conciertos con entidades privadas, a lavez que las inversiones del sistema público han ido disminuyendo".

"Estamos dispuestos", afirmó Nicolás Redondo, "a tener una posición activa para evitar que la sanidad de este país se conforme según los intereses de una minoría, es decir, determinadas empresas y sectores corporativos".

El secretario general de UGT criticó que, si bien se ha extendido la asistencia sanitaria hasta su práctica universalización, "no es menos cierto que esta extensión se ha hecho con parecido gasto", lo que signific "una reducción del gasto por persona protegida".

Por ello, pidió "que se dediquen más recursos al sistema y que se elabore un plan estratégico para la sanidad" financiado totalmente con los Presupuestos Generales del Estado a través de impuestos. En definitiva, subrayó el dirigente sindical, "porque una asistencia universal, gratuita y de calidad es lo que se había prometido".