A su juicio, parte de un planteamiento que supone que "las personas migrantes son solo útiles en tanto cubran un espacio laboral no deseado por la población española".

Con todo, valoró que la nueva norma presenta elementos "positivos", ya que "al menos va a permitir la regularización de parte de la población migrante, aunque sin garantías y sin una memoria económica".

Uno de los principales problemas que, según la red de Inmigración, presenta el nuevo reglamento tiene que ver con la implicación de instrumentos y de recursos que dependen de otros ministerios, de las comunidades autónomas o de las delegaciones del Gobierno.

Uno de ellos es el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, apuntó, que el nuevo a reglamento propone actualizar de forma automática cada tres meses para que de verdad los puestos de trabajo vacantes puedan ponerse a disposición de población migrante en origen, sobre el que la Secretaría de Estado de Migraciones no tiene ninguna competencia, según la Red.

Tampoco contempla el nuevo reglamento “refuerzos ni de personal ni económicos para las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas ni para las comisarías”, agregó.