Enar hizo esta petición por boca de Montserrat Moreno, secretaria técnica de Movimiento contra la Intolerancia, una de las 25 organizaciones que componen esta red, que hoy presentó su informe "La situación de la lucha contra el racismo y la intolerancia en el Estado español".

"La situación económica y financiera dentro de poco será una crisis social gravísima y los grupos fascistas y neonazis la van a alentar con el fantasma de la xenofobia", explicó Moreno.

En este sentido, puso como ejemplo a la Comunidad valenciana, que, según dijo, es "un polvorín" de actividad racista por parte grupos fascistas y xenófobos "con un discurso populista asqueroso".

Además, destacó que "los inmigrantes para este tipo de grupos sobra, porque se les ha utilizado como mano de obra y 'ahora que se vayan'".

Por ello, Moreno dijo que "como no hayan políticas reales de integración y políticas sociales importantes, como no se apoyen programas específicos de sensibilización la conflictividad va a ser muy grave y los colectivos más vulnerables lo van a pasar muy mal".

Por su parte, el portavoz SOS Racismo, Javier Ramírez, pidió al Ejecutivo la trasposición de la directiva europea contra el racismo, al no crear un organismo antidiscriminación racial.

También reprochó al Gobierno que no haya ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de Naciones Unidas.

Según dijo, el Ejecutivo tiene políticas de control y regulación de flujos migratorios, pero "no tiene planes específicos de lucha contra el racismo".

Por otro lado, Ramírez expresó su deseo de que el plan gubernamental por la defensa de los derechos humanos sirva para que los inmigrantes irregulares sean repatriados o devueltos a sus países de origen con todas las garantías a sus derechos fundamentales.

Finalmente, Ramírez abogó por una coordinación de los ministerios de Trabajo e Inmigración, Igualdad e Interior para una mayor eficacia en la lucha contra esta lacra social.