Ambas organizaciones, que abogan por un "auténtico Pacto de Estado sobre Inmigración", insisten en una nota de prensa en "la trascendencia de garantizar la igualdad de derechos entre todos los trabajadores, incluidos aquellos trabajadores migrantes que permanecen en situación administrativa irregular".

Por ello, Red Acoge y CEAR solicitan al Gobierno que España ratifique la Convención Internacional sobre Trabajadores Migrantes y sus Familias, aprobada el 18 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

A juicio de estas ONG, la ratificación de la citada Convención "contribuiría a reducir sensiblemente la inmigración clandestina, fuente de abusos por parte de la delincuencia organizada y en el que los migrantes son las víctimas principales".