Esta solicitud, que no es nueva, surge como consecuencia de un dictámen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que considera que el recurso de casación penal que se interpone ante el Tribunal Supremo español no cumple las garantías que exige el Pacto Intenacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con la segunda instancia judicial, por lo que concede a España tres meses para que ponga remedio a este asunto.

La normativa internacional exige que los ciudadanos tengan derecho a una segunda instancia judicial que revise su juicio con todas las pruebas, algo que no ocurre en España con los aforados y con las personas acusadas de los delitos más graves (más de 5 años de prisión) que son juzgados por las audiencias provinciales y sólo pueden recurrr al Supremo, que no valora pruebas y se limita a velar porque el proceso judicial haya sido correcto.

"Es urgente reformar la legislación española en materia de casación legal", dijo a Servimedia el portavoz de Jueces para la Democracia, José María Fernandez Seijo, quien recordó que en la casación no se estudian pruebas ni hechos y, por lo tanto, "limita las garantías" de una segunda instancia.

"El dictámen de la ONU tiene una gran trascendencia y obliga a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminl ya", dijo, y abogó como solución por el fortalecimiento de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia para que funcionen como segunda instancia y reservar al Tribunal Supremo para la casación como tal para la unificación de doctrina.

SALAS INFRAUTILIZADAS

Por su parte, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, José Luís Fernández de Armengol, aseguró que la solución pasaría por dejar al Tribunal Supremo para la casación, como recurso extraodinario, y dedicar la salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de Justicia,-"actualmente infrautilizadas", precisó-, como segunda instancia.

A su juicio, con una mayor dotación de magistrados en esas salas se garantizaría la segunda instancia judicial, sin provocar un "gran caos" en el sistema judicial español.

Finalmente, apuntó que "estamos en un momento óptimo y propicio para abordar estas modificaciones y adecuar la Ley de Enjuicimiento Criminal (LEC) española a los postulados internacionales que gaantizan la segunda instancia".

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Luis Requero, no se atrevió a avanzar una posición hasta no conocer con detalle la resolución de la ONU.

No obstante, reconoció a esta agencia que "este dictámen obligaría a modificar sustancialmente la casación" tal y como está ahora. "El Supremo debería convertirse en un órgano de segunda instancia y tenemos que estudiar cómo puede hacerse", dijo.

Requero aseguró que el Tribnal Supremo podría revisar pruebas y convertirse en un órgano de segunda instancia, sin que esto le impida mantener su labor de fijar doctrina.

Por ello, rechazó la posibilidad de que sean los tribunales superiores de Justicia quienes ostenten esta segunda instancia puesto que, a su juicio, se están convirtiendo en "cajones de sastre".

"Sería inadecuado otorgar la casación a los tribunales superiores de Justicia porque, además, tienen un sesgo de riesgo político puesto que algunos magistrados sonnombrados por las Asambleas de la comunidades autónomas", finalizó.