Las organizaciones denunciantes entienden que tanto el Ayuntamiento de Palma como el Consell Insular de Mallorca aprobaron la modificación del PGOU de "forma ilegal", según explicó Pere Sampol, portavoz del PSM.

El PGOU no permitía que en el solar donde se está construyendo actualmente el centro comercial se edificara un volumen superior a los 4.000 metros cuadrados.

No obstante, tras la modificación del Plan, que los denunciantes califican como "revisión encubierta", se permitió al cetro comercial construir sobre una superficie de 48.000 metros cuadrados.

El PSM presentó un recurso de reposición en el pleno del Consell Insular de Mallorca el 30 de marzo de 1993, que no ha sido contestado. Este recurso pretendía anular la aprobación de la modificación del PGOU, que fue avalada por los 25 votos a favor del PP y del PSOE.

Tanto los nacionalistas como la patronal PIMECO entienden que las instituciones "han sucumbido al poder del dinero y se han saltado la normativa modificando exraordinariamente algo que no se suele hacer con otros peticionarios", según explicó Demetrio Peña, presidente de PIMECO.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares podría resolver este contencioso en el plazo de un año, según experiencias anteriores. Si la resolución es favorable a los denunciantes, "el Ayuntamiento de Palma se podría ver obligado a ordenar la demolición de lo que en ese momento esté construído", explicó Sampol, quien añadió que "en todo caso habría indemnizaciones".