En un comunicado, los rectores subrayaron que el decreto "dota de mayor seguridad jurídica a las universidades públicas, se despeja la incertidumbre en la que se encontraban más de 25.000 investigadores e investigadoras y se evita el riesgo real de colapso en el que se encontraba el sistema de I+D+I".

Asimismo, el real decreto ley contempla "la singularidad del ámbito científico y facilita a las universidades públicas los procedimientos para actuar con la agilidad que requiere un entorno internacional tan competitivo como es el de los proyectos y contratos de investigación e innovación".

"Gracias a esta norma ya se puede aplicar en las universidades públicas la nueva figura contractual para actividades científico técnicas, prevista en el proyecto de Ley de reforma de la Ley de la Ciencia, aún en proceso de tramitación parlamentaria. Igualmente, permite a estas instituciones la contratación inmediata de personal de apoyo a la investigación de manera indefinida", añadieron.

No obstante, los rectores aseguraron que esperan "que durante la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de la Ciencia o en la convalidación del decreto ley se incluya claramente en el texto que estas dos figuras contractuales, además de todas las demás, puedan ser empleadas tanto por las universidades privadas como por las públicas, como ya solicitó esta asociación en la formulación de sus propuestas de enmiendas del proyecto normativo".