Según informó ayer "El Mundo", el borrador de la normativa que creará la nueva agencia otorga al Ejecutivo la potestad de designar a la mayoría de patronos de la fundación.

De los 19 miembros previstos como máximo, cinco serán del Ministerio de Educación, cuatro procederán de otras tantas carteras del Ejecutivo y seis serán nombrados por la ministra Pilar del Castillo previa consulta con el Consejo de Coordinación Universitaria. Sólo los cuatro restantes serán mimbros de distintos estamentos de la comunidad educativa.

El presidente de los rectores lamentó hoy que el patronato de la fundación tenga "una presencia mayoritaria de cargos del Ministerio de Educación y de personas nombradas por la ministra".

"Siempre hemos pensado que, aunque la ANECA tiene que ser un organismo público financiado por recursos públicos, debería tener una composión lo más independiente posible de las Administraciones públicas", afirmó.

A su juicio, es muy importante que la gencia "genere desde el principio confianza y credibilidad en la comunidad universitaria", porque tendrá competencias de gran calado como la suspensión o revocación de autorización de títulos académicos o referidas a la selección del profesorado.

El rector de la Universidad de Salamanca y vicepresidente de la CRUE, Ignacio Berdugo, ha manifestado a Servimedia que quieren esperar a conocer el contenido en detalle de la regulación de la agencia, pero "no se entiende" que el Gobierno se reserve la mayorí de plazas en el patronato.

Saturnino de la Plaza intervino hoy en una jornada sobre "El desarrollo de la Ley de Universidades (LOU)", organizada por la Universidad Politécnica de Madrid, que inauguró el secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel.

Iglesias informó de que el decreto regulador del sistema de habilitación del profesorado estará publicado en el BOE previsiblemente en julio y antes del verano estará también lista casi toda la normativa que desarrollará la LOU, exceto la referida a becas y al personal de asistencia sanitaria.

Aseguró que, hasta entonces, la legislación derivada de la LRU seguirá aplicándose con normalidad y no se producirá ninguna laguna jurídica.