Sólo el plan laboral exigirá un gasto de 300.000 millones de pesetas, de los que 100.000 millones se destinarán a los actuales prejubilados de Ensidesa y Altos de Vizcaya y 200.000 millones para los nuevos excedentes.

García Hermoso señaló que la CE ha aceptado el proyecto presentado por el Gobiern para este sector, en lo que se refiere a la capacidad productiva propuesta, aunque todavía no se ha pronunciado sobre la legalidad de las ayudas públicas.

Según García Hermoso, la Comisión Europea está revisando "la relación entre el volumen de ayudas y la extensión del esfuerzo reestructurador" del plan español, que prevé una reducción de 10.000 empleos.

En su opinión, otros países comunitarios han otorgado a sus siderurgias las mismas ayudas que pretende dar el Gobierno español, por lo que se ostró optimista ante la reunión comunitaria del próximo día 24, en la que se analizarán las ayudas.

El presidente de la CSI anunció que esta misma semana volverá a reunirse con los sindicatos y que tiene el mandato expreso del Gobierno de agotar todas las posibilidades financieras en las mesas de negociación.

A su juicio, la propuesta conjunta de los sindicatos está haciendo "un flaco favor" al proyecto presentado por el Gobierno ante la CE, al poner en duda su rentabilidad, extremo al que las auoridades europeas condicionan la aprobación de las ayudas.