Estas propuestas oficiales chocan con las movilizaciones que han promovido las organizaciones sindicales, entre ellas la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), la segunda en importancia dentro del colectivo, para reivindicar mejoras sociolaborales.

El programa de actuación para mejorar el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) pasa por conseguir que cada año se incorporen 1.200 nuevos efectivos. Esta cifra se duplicará en 1995 y 1998. La incorporación progrsiva de agentes conllevará un aumento significativo: de los 54.804 previstos para este año se pasará a 61.578 en 1998, año tope fijado para cerrar el proceso de modernización.

Asimismo, la promoción interna, hasta ahora bloqueada, provocará que puedan ascender 722 oficiales de policía, 486 subinspectores, 150 inspectores, 70 inspectores jefes, 81 comisarios y 27 comisarios principales.

El plan de la DGP prevé restructurar no sólo las plantillas, sino también la organización, la segunda actividad,sus estatutos y las condiciciones económicas, que serán mejoradas.

MUCHOS JEFES

El informe señala que en el colectivo existen demasiados jefes, poca movilidad y una falta de incentivación que repercute de forma negativa en los servicios que la policía presta al conjunto de la ciudadanía.

La Administración pretende corregir todos estos errores de "forma escalonada, sin convulsiones ni aluviones", mediante un real decreto que desarrollaría la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 196.

Después de seis años, la DGP reconoce que la organización policial está sometida a fluctuaciones generadas por una sociedad cambiante y que, por ello, tiene que ser transformada y mejorada.

Para ello, cree conveniente adecuar las jefaturas superiores al Estado de las autonomías, redistribuir las unidades y hacer un organigrama más racional que permita conseguir altas cotas de eficacia.

El proyecto fija los 55 años como la edad para que los agentes de la escala básica puedan pasar a la segnda actividad, los 56 para la ejecutiva y los 58 en el caso de la superior.

Respecto al régimen disciplinario, considera que su rigidez origina que no responda a las esperanzas que en él fueron depositadas y aboga por que se desconcentren ciertas competencias sancionadoras de los jefes superiores.

La formación continuada, la especialización, un catálogo de puestos de trabajo y los complementos son otras de las propuestas. Dentro de estos últimos, propugna que los niveles sean subidos un punto par las escalas superior y ejecutiva y dos para la básica y la de subinspección.

Todas estas reformas tendrían un coste de unos 6.382 millones de pesetas y afectarían a todo el colectivo y a las organizaciones sindicales, que recibirían subvenciones superiores a los 63 millones de pesetas.