Así lo recoge un documento conocido como Declaración de Amsterdam, en cuya redacción han participado líderes del mundo de la empresa, los sindicatos y la sociedad civil (las tres instituciones representadas en el GRI).

Según dicho organismo, la declaración insta a los ejecutivos nacionales a introducir nuevas políticas para que las compañías informen públicamente sobre sus acciones en los ámbitos medioambiental, social y de gobierno corporativo. También propone que las compañías expliquen públicamente por qué han prescindido de medidas en este sentido, si se da el caso.

Entre otras propuestas, destaca la obligación de elaborar memorias de RSC por parte de los entes públicos, en especial para las compañías de propiedad estatal, las agencias de inversión pública y los fondos públicos de pensiones.

Asimismo sugiere a los gobiernos que integren estas medidas de transparencia y de informar de forma pública en el nuevo marco regulatorio para el sistema financiero.

Finalmente, la declaración de Amsterdam establece que "las causas de la crisis habrían tenido un impacto menor de haber existido un sistema finaciero más transparente y con una información más contrastada.