Reclama la tipificación de los incendios de espacios protegidos ---------------------------------------------------------------
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
Izquierda Unida (IU) pidió hoy la ampliación del artíclo 347 bis del Código Penal, que regula el delito ecológico, por considerar que el actual texto no comprende todos los supuestos que pueden ser objeto de protección.
A través de una proposición de ley presentada hoy en el Registro del Congreso, IU propone que se contemple específicamente la sanción penal para quienes incendien un espacio natural protegido.
Según esa iniciativa, que el portavoz de la coalición, José Luis Núñez, expuso hoy en rueda de prensa, los responsables de los incendios seráncastigados con la pena de prisión mayor (de 6 a 12 años de cárcel) y multa de 5 a 50 millones de pesetas cuando haya peligro para la vida o integridad de las personas.
Cuando este último supuesto esté excluido, les impondrán la pena de prisión menor (de 6 meses a 6 años) y una multa de 5 a 25 millones de pesetas.
La modificación que reclama IU, basada en una propuesta de la asociación Fiscales Progresistas, también contempla sanciones penales para el tráfico ilegal de especies protegidas y la conaminación sonora que pueda perjudicar gravemente la salud de las personas.
Defiende igualmente el establecimiento de castigo penal para quienes, infringiendo la legalidad urbanística, edifiquen en suelo no urbanizable o en espacios dstinados a equipamientos públicos o zonas verdes.
José Luis Núñez explicó que, en la actualidad, los jueces se ven obligados a archivar muchas denuncias, al no estar contemplados los supuestos anteriores en el Código Penal.
IU cree que la erradicación de los delios ecólogicos no se conseguirá con la sanción penal, "que sólo debe ponerse en práctica en los supuestos graves", mientras continúe la "actual ineficacia de la Administración en la prevención de los mismos y en la investigación de las causas que los provocan", explicó su portavoz.
Núñez agregó que también urge una mayor coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en esa materia de defensa del medio ambiente y de represión de los delincuentes.
(SERVIMEDIA)
17 Jul 1991
JRN