Según este diario, esta es la principal conclusión de las reuniones que han mantenido el secretario de Estado de Economía, José Folgado, y el presidente de la patronal del sector (Unesa), José María Amusátegui.

Las eléctricas, además de rechazar una nueva bajada del recibo de la luz, indican que necesitan ingresar todos los años 600 millones de euros adicionales, lo que equivale una subida del 5% de la tarifa eléctrica. Esta subida permitiría a las compañías contar con lo recursos necesarios para asegurar el servicio y evitar apagones.

Esta medida es rechazada de plano por el Ministerio de Economía, para quien la garantía del suministro depende en exclusiva de las compañías, que son las que tienen que definir el porcentaje de energía que mantienen en reserva para garantizar el servicio en los picos de demanda.

El Gobierno quiere definir el futuro del sector en función de cuatro puntos: la planificación energética (para lo que hay creada una subcomisión en el Congeso); la retribución de la distribución; la definición de los criterios para fijar la tarifa eléctrica; y, por último, la garantía de la potencia.

En los decretos de liberalización del sector eléctrico, el Gobierno estipuló que la tarifa bajaría un 9% entre el 2001 y el 2003. En el primer año redujo los precios un 4%, en el 2002 dejó congelada la tarifa y para el 2003, según "La Vanguardia", no se acometerá la bajada del 5% que queda pendiente.