La moción expresaba la firme convicción de que la Constitución de 1978 ha hecho posible para España el periodo de progreso y estabilidad democrática más fructífera de la historia de España, "y ha de continuar siendo el fundamento de la convivencia de los españoles en el futuro".

Instaba por ello al Gobierno a recuperar el consenso en las cuestiones relativas al modelo de Estado y la configuración territorial de España y a recuperar los criterios de solidaridad en el diseño de los Presupuestos Generales del Estado

También a promover la homogeneización de los contenidos educativos en la enseñanza de Humanidades y, en particular, en la enseñanza de la Historia de España, y a garantizar el derecho de todos los españoles a usar el castellano y el de los padres a que sus hijos sean educados en esta lengua.

La moción fue defendida por Jorge Fernández Díaz, que acusó al Gobierno de haber roto los consensos constitucionalescon reformas "unilaterales" como la del Estatuto de Cataluña y"marginando al PP" de las políticas de Estado.

El texto fue rechazado por todos los demás grupos. En el caso de CiU, según explicó Jordi Xuclà, porque con las continuas llamadas a la ruptura de España el PP "se ha instalado en el ridículo".

Xuclà aseguró que, con este tipo de posiciones, el PP se cierra las puertas al diálogo, y lanzó una advertencia en el momento en el que el líder de este partido habla de posibles acuerdos poselectorales.

Tras las elecciones, dijo, el PP "tendrá que revisar sus planteamientos inmovilistas", tanto si gana como si pierde las elecciones, porque con sus posiciones actuales "no se puede" llegar a acuerdos. Se preguntó, por ello, "cuántos años le faltan al PP para entrar en razón".

Emilio Olabarría, del PNV, criticó "el talibanismo constitucional" de Fernández Díaz y se refirió a la Carta Magna como "hija bastarda" de una transición que tuvo muchas carencias y en la que algunos partidos, especialmente nacionalistas, fueron excluidos de ese consenso que ahora se glorifica.

En nombre de Izquierda Unida, su coordinador general, Gaspar Llamazares, acusó al PP de pretender con esta moción "patrimonializar" símbolos que son de todos, en una clara estrategia de confrontación con los demás partidos.

El más beligerante en su exposición fue el portavoz de ERC, Joan Tardà, convencido de que tras la independencia de Montenegro y la previsible de Kosovo, también "las naciones del Estado español" podrán decidir su futuro.

Se preguntó, a partir de esa convicción, si el PP estaría dispuesto a "utilizar la fuerza" aplicando la previsión constitucional que permite ordenar a las Fuerzas Armadas el mantenimiento de la unidad territorial.

El socialista Ramón Jáuregui expresó en primer lugar al portavoz de ERC su convicción de que los catalanes "no quieren ser kosovares", y criticó después al PP por el "populismo y la demagogia" con la que defienden este tipo de iniciativas.

Su defensa de la Constitución, dijo Jáuregui a los dirigentes del PP, son "puro electoralismo" en las formas, demás de una "gran mentira" y, en definitiva, nada más que "puro teatro". Cuando de verdad quieran consenso, les dijo, "entonces sí, ahí estaremos".