La decisión judicial, dada a conocer hoy a las partes considera que el derecho al recurso hay que entenderlo como "derecho a utilizar los recursos señalados en la ley, pero no derecho a crear recursos inexistentes, como lo es el de súplica en el procedimiento abreviado".

La sala ordena al juez de instrucción número 3, Hilario Sáez, que remita las actuaciones al TSJ "a los efectos que procedan", al considerar que el citado juez, "desbordando su competencia, ha tramitado la causa como si se tratara de un proceso ordinario abreviado, sin contemplar que exitía un sujeto pasivo, Collado, que ostentaba privilegio de fuero".

Asimismo, la sección cuarta de la Audiencia señala que el juez Hilario Sáez "se ha pronunciado por la inexistencia de delito alguno, cuando dicho pronunciamiento está reservado legal y jurisprudencialmente al TSJ".

El "asunto Casa Grande" comenzó con una denuncia interpuesta por Izquierda Unida (IU) el 18 de febrero de 1992 ante el juzgado de guardia de Murcia contra el Ejecutivo Regional, con su presidente a la cabeza, por prevarcación y malversación de fondos públicos.

El abogado de IU, Joaquín Dólera, manifestó hoy a Servimedia que la resolución de la sección cuarta de la Audiencia es "limpia, ya que combina el rigor jurídico con la extrapolación de la situación política que se mueve alrededor de este proceso".

Dólera está convencido de que "si la justicia impera se abrirá el juicio oral para depurar las responsabilidades penales y civiles".