En el auto dictado por el Alto Tribunal se argumenta que el recurso interpuesto por el PP "no se presentó en los tres meses posteriores a la publicación de la ley en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el día 12 de enero de 1994".

Precisamente, la presentación del recurso de los populares, avalado por 50 senadores de este partido, se efectuó el 1 de abril, un día después del plazo oficial para hacer efectivo el recurso.

El PP, a través de sus letrados, presentó alegaciones argumentando que los plazos deben contar desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (que fue el 1 de marzo), y no en el Diario Oficial de la comunidad autónoma.

El rechazo del recurso fue dado a conocer hoy por el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, en el pleno de las Cortes regionales, minutos antes de que los diputados del P abandonaran el salón de plenos porque el presidente de la Cámara anunció que no permitiría el turno de réplica a los grupos parlamentarios tras la intervención del jefe del Ejecutivo.

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, José Manuel Molina, restó importancia a la decisión del Tribunal Constitucional alegando que "esto no supone que no tengamos razón en nuestros planteamientos, puesto que no se ha abordado el fondo del asunto".

Los populares recurrieron ante el Constitucional la Ley de Sidicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, órgano fiscalizador de los fondos públicos, al considerar que vulnera 10 artículos y 2 disposiciones transitorias de la Constitución española.