La denuncia, realizada por un particular, estaba referida a las alusiones que Casado y García Egea hicieron el medios de comunicación en febrero pasado sobre el supuesto cobro de 283.000 euros en comisiones por parte de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su resolución, la magistrada, en sintonía con el razonamiento del Ministerio Público, concluye que la denuncia era “claramente prospectiva” y no aportaba pruebas.

La instructora sostiene que esta acción legal contra el anterior líder del PP y su ‘número dos’ era formulada “por quien no es perjudicado por el presunto delito de revelación de secretos” y “basándose en meras informaciones difundidas a través de los medios de comunicación, sin aportar ningún indicio de comisión del tal delito”.

DECISIÓN RECURRIBLE

Este auto no es firme y contra él cabe la interposición del correspondiente recurso de reforma, ante el propio órgano judicial, o de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La juez descarta tramitar esta denuncia pese a que el denunciante sostenía que “está fuera de toda duda de que alguien de forma ilegal hizo llegar a la dirección del PP información fiscal relativa” al hermano de Ayuso, lo que podría vulnerar la normativa sobre protección de datos.

Para esta persona el delito habría sido cometido por “una o varias personas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria”, que habrían accedido a la información fiscal y se le habrían trasladado “a la dirección del PP”.

Asimismo, el denunciante aludía a cómo Casado, el 18 de febrero en una entrevista en Cope, y García Egea, en una rueda de prensa ese mismo día, hicieron referencia a los datos fiscales del hermano de Ayuso a los que comentaron habían tenido acceso.