El secretario general de la Federación de Pensionistas de UGT, Manuel Egido, declaró a Servimedia que el pago de cien pesetas por medicamento puede suponer un perjuicio económico más importante de lo que en un principio pudiera parecer, ya que los ancianos son más susceptibles de contraer enfermedades qe otros colectivos y eso conlleva el equivalente desembolso de dinero en recetas.

"Si tenemos en cuenta, por ejemplo, a un matrimonio de jubilados que perciben una pensión mínima", explicó Egido, "y a ésta le quitamos 2.000 pesetas de medicamentos al mes, nos damos cuenta de que es una cantidad importante".

El representante de UGT se mostró de acuerdo con que exista un férreo control de las medicinas para evitar posibles fraudes, pero indicó que la medida de cobrar cien pesetas a un jubilado no e el modo de combatir esos delitos.

Asimismo, Egido considera que medidas como ésta constituyen "un ataque al Estado del bienestar social", algo que, a su juicio, debería ser tenido muy en cuenta por el Gobierno a la hora de ponerlas en marcha. "Una de las cosas que dice el Pacto de Toledo es que el Estado de bienestar social debe ir cada vez a mejor para competir con el del resto de países europeos, y esto, desde luego, no lo favorece nada", señaló.

Tras anunciar que si finalmente esta medida se leva a la práctica su sindicato no dudará en emprender acciones de protesta, Egido pidió al Ejecutivo de Aznar que desmienta lo afirmado por el Ministerio de Sanidad si lo considera oportuno, ya que "si sólo se trata de una opinión expresada por alguien, no deja de ser algo alarmante".

Por su parte, fuentes de Comisiones Obreras manifestaron a Servimedia que las declaraciones del subsecretario de Sanidad son "inquietantes" y expresaron su temor a que las cien pesetas iniciales se vayan convirtiendo co el paso de los años en mucho más dinero.

Según estas fuentes, "nadie puede garantizarnos que esas cien pesetas, que pueden ser simbólicas, suban dentro de unos años a doscientas o más, que es lo que presuponemos".

Además, CCOO lamenta la falta de unidad existente entre las asociaciones de pensionistas, que, en su opinión, deberían ofrecer ya una respuesta contundente a este tipo de manifestaciones.

Por último, indicaron que el Gobierno debería reflexionar sobre esta medida y sus conscuencia antes de aplicarla, pues los pensionistas españoles representan en la actualidad unos siete millones de votos.