CiU plantea, como principal mdida, la subida en un punto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y la rebaja, también en un punto, de las cuotas de la Seguridad Social, hasta alcanzar el objetivo de reducción de dos puntos en cuatro años. La coalición sugiere que se suban también los impuestos especiales y la gasolina, en un porcentaje del 10 por ciento.

El informe presentado por el Grupo Parlamentario Catalán prima también el objetivo de llegar a una disminución progresiva de los gastos de funcionamiento del Estado, que CiU suiere sea de un 10 por ciento, lo que supondría un total de 350.000 millones anuales.

Para conseguir esta disminución del gasto estatal, CiU plantea la congelación de las plantillas en la Administración y de los salarios de los funcionarios.

El Grupo Catalán plantea también la reducción en un 5 por ciento del gasto corriente y de las trasferencias corrientes -excepto las que van destinadas a la Seguridad Social- y el mantenimiento de la inversión pública y las transferencias de capital.

En elapartado de las pensiones, CiU defiende el mantenimiento del poder adquisitivo para las que están por debajo del salario mínimo interprofesional, la supresión de la incompatibilidad en el cobro de dos pensiones cuando su suma sea inferior al salario mínimo, especialmente en lo que se refiere a pensiones de viudedad, e impulsar la extensión de una red pública de centros residenciales asistidos o socio-sanitarios para inválidos de la tercera edad.

La presencia de entidades privadas en la ejecución de obas públicas, como autopistas, tren de alta velocidad, puertos y aeropuertos, sería otra medida a tener en cuenta para reducir el gasto del Estado.

La necesidad de buscar una solución a la economía sumergida y el problema del dinero negro es otro de los puntos sobre los que insiste CiU. En este sentido, el Grupo Catalán propone una nueva regularización fiscal a través de la emisión de la Deuda Pública. El porcentaje obtenido se podría destinar a la creación de empleo.

Para mejorar los ingresos, Ci defiende una política de privatización, con la venta de participaciones de las empresas rentables del Estado, entre las que se encontrarían Endesa, Argentaria y Telefónica. Las empresas públicas sin perspectivas de obtener beneficios deberían cerrarse o venderse, con lo que se reducirían las transferencias del Estado.

En el apartado de contratos a aprendices, CiU destaca la creación del contrato de aprendizaje para jóvenes de 16 a 20 años -este contrato tendrá una bonificación en la Seguridad Social- ampliación de la edad máxima para formalizar contratos en prácticas y para la formación hasta los 25 años y el restablecimiento de las bonificaciones a la Seguridad Social a las que tenían derecho estos contratos.

En el apartado turístico, el Grupo Parlamentario Catalán pide la creación de un ente de promoción turística con representantes de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de las principales asociaciones del sector.