En una nota de tres puntos, la dirección socialista intenta, una vez más, desmarcarse del proceso, recordando que el partido no es "parte" del mismo y que al ser continuamente aludido en las diligencias, sin poder defenderse, se vulnera su "derecho a defensa".

"De una lectura inicial del citado informe pericial", dice el segundo punto del texto, "el PSOE entiende que difícilmente puede imputarse, en Derech, ninguna actividad ilícita al diputado socialista Carlos Navarro ni al senador socialista Josep Maria Sala".

Los socialistas reiteran su "manifiesta y rotunda voluntad" de colaborar con la justicia, por ser los primeros interesados en que "de una vez por todas" se clarifique la causa instruida por el juez Marino Barbero, "cuya trascendencia ante la opinión pública viene perjudicando a este partido desde hace dos años".

"Por ello", concluye la nota, "y junto a la expresada voluntad de colaboració quiere solicitar una pronta resolución de este caso por parte de la Justicia, anunciando el Partido Socialista su disposición a conceder los suplicatorios en el caso de que se soliciten".

Este anuncio de que se concederán los suplicatorios de Navarro y Sala ya fue hecho por el secretario de Organización, José María Benegas, hace varios meses e incluso por el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Eduardo Martín Toval.

Según pudo saber hoy Servimedia, con anterioridad a laemisión del comunicado estuvieron analizando el informe pericial los miembros de la Secretaría de Organización, que encabeza José María Benegas, y el responsable de Asuntos Económicos del partido, Francisco Fernández Marugán.

NAVARRO, "CONEJILLO DE INDIAS"

Por su parte, la Asesoría Jurídica del PSOE inició hoy un análisis del informe pericial que revela cómo Filesa cobraba a grandes empresas mil millones de pesetas por estudios inexistentes (dinero destinado supuestamente a sufragar al PSOE). Además Filesa gestionaba a firmas filiales contratos con la Administración mediante tráfico de influencias.

Para todo ello, el grupo utilizaba el paraíso fiscal de Las Bahamas, mientras que las firmas que "donaron" dinero a cambio de esos estudios inexistentes defraudaron a Hacienda 453 millones de pesetas, entre otras irregularidades.

El primero en desmarcarse de estas graves acusaciones, hoy por la mañana, fue el senador Josep Maria Sala, que se considera exculpado a tenor de lo que dicen los peritosjudiciales en el informe entregado ayer al juez Barbero y a los abogados.

Horacio Oliva, abogado de Carlos Navarro, uno de los más perjudicados por el informe pericial, afirmó que éste es "prácticamente una sentencia" y el propio interesado comentó a los periodistas que "los juicios de valor de los peritos están por encima de los hechos". Navarro declaró sentirse "un poco conejillo de indias".

En las filas socialistas las reacciones a los datos hechos públicos ayer sobre la supuesta trama de finaciación irregular del PSOE van desde quienes intentar minimizar lo descubierto hasta quienes piden claridad, pasando por los que hablan de esperar a la sentencia para eludir pronunciarse. En todos ellos se percibía hoy un matiz de preocupación por las consecuencias (Christian Jiménez, personado en la acusación particular pedirá el procesamiento de Felipe González).

Excepción dentro de la cascada de declaraciones fueron las de José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, y José Barrionuevo, los únicos ue pidieron abiertamente que el PSOE no ponga "el más mínimo impedimento" en una investigación interna, para que la opinión pública conozca "todo" lo que ocurrió. Barrionuevo pidió a la Ejecutiva Federal "una respuesta cumplida".

Ramón Rubial, Eduardo Martín Toval, Joaquín Leguina o los ministros Javier Solana, José Luis Corcuera o Pedro Solbes se mostraron partidarios de esperar a que se pronuncien los tribunales, en unos casos, y a conocer el contenido del informe pericial, en otros, antes de emitirun juicio de valor. "Vamos mal", afirmó irónicamente Martín Toval, "si un informe de peritos se convierte en una sentencia del Tribunal Constitucional".

TODA LA OPOSICION PIDE EXPLICACIONES

Por lo que respecta al resto de los partidos, todos ellos se han pronunciado, con mayor o menor agresividad, a favor de que haya una depuración de responsabilidades. Así lo afirmaron esta mañana el secretario del CDS, José Luis Gómez-Calcerrada, y el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Julio Anguita, sinentrar en mayores disquisiciones.

Gómez-Calcerrada anunció a Servimedia que en la reunión que el próximo jueves celebrará en Madrid la Comisión Permanente de su partido, el CDS estudiará si presenta alguna iniciativa parlamentaria para que se aclare el caso.

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Nicolás Sartorius, anunció que su grupo pedirá al presidente de la Cámara, Félix Pons, que, en el caso de que el Supremo pida los suplicatorios, solicite a su vez a este tribunal que envíe al Conreso una copia de todas las investigaciones realizadas para que los grupos puedan estudiarlas.

En opinión de Sartorius, es "muy grave" que personas vinculadas al partido del Gobierno aparezcan vinculadas a actos delictivos. "Sería bueno que el PSOE diera una explicación en el Parlamento, porque no es bueno que en nuestro país la financiación irregular quede en una nebulosa", dijo.

Dos altos dirigentes del PP explicaron hoy a esta agencia que, por ahora, el partido descarta presentar una moción decensura contra el Gobierno de Felipe González porque no la tienen ganada "ni en el Parlamento ni en la calle".

Según estas fuentes, a pesar de que la ocasión es propicia, porque el Ejecutivo y el PSOE están contra las cuerdas, es mejor que los socialistas se `cuezan' en la salsa de las graves acusaciones que se van a derivar el "caso Filesa".

La dirección conservadora es consciente de que una cosa es que la opinión pública condene las prácticas descubiertas y otra que "toda" la opinión pública esé volcada, ahora mismo, en favor de la alternativa que representa José María Aznar; alternativa que el presidente del PP defendería en solitario y con grave riesgo de que el debate parlamentario se volviera contra él.

A este respecto, en la sede del PP se da por seguro que Izquierda Unida, aun siendo muy crítica con el PSOE, se vería obligada a no apoyar a la derecha, y de los nacionalistas de Convergència i Unió no se espera menos.

La cúpula del PP recuerda los ataques del CDS al bipartidismo, yel hecho de que los nacionalistas están "en el mercado" de los pactos poselectorales: ambigüedad calculada de Pujol, andanadas de Arzalluz y las palabras que ayer pronunció el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Iñaki Anasagasti, hablando del "tirón" popular que todavía conserva Felipe González.

Los únicos que se pronunciaron públicamente al respecto fueron el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rodrigo Rato, y el responsable de Política Institucional, Mariano Rajoy.

Rato afimó que "se confirma que asistimos a una trama de corrupción institucionalizada" y pidió a Felipe González que dé la cara ante el país. Rajoy, por su parte, insistió desde Málaga en la idea de que Felipe González debe responder públicamente.

Según el dirigente conservador, del informe pericial sobre la contabilidad del grupo Filesa se deducen "al menos indicios de prevaricación, cohecho, falso testimonio ante el Tribunal de Cuentas, que exigen algún tipo de explicación".

PP: GONZALEZ DEBE RESPONDER El PP hizo pública a última hora de la tarde un comunicado en el que considera "imprescindible" que Felipe González comparezca públicamente para aclarar lo sucedido con Filesa. "La ausencia de explicaciones convincentes está sumiendo a la sociedad española en una confusión perjudicial para la vida social y política del país", añade la nota.

La dirección del partido de Aznar reta a Felipe González a que dé a conocer sus decisiones acerca de las medidas ejemplares contra la corrupción que públicament se comprometió a tomar "y que ahora debe concretar en el escándalo de Filesa".

Por su parte, Miquel Roca, portavoz de CiU en el Congreso, afirmó que "el mejor servicio que se puede hacer a la ética política es dejar que sea la Justicia quien opere con libertad y sin presiones".

"Todo lo que está poniendo de manifiesto ésto", concluyó Roca, "es que hemos hecho bien en radicar en los tribunales de justicia todas estas cuestiones", al tiempo que pidió que no se interfiera la labor de los tribunalescon presiones, "para que no parezca que estamos ansiosos de que la resolución se dé en un sentido u otro".