Rato realizó este llamamiento durante la firmaesta mañana en Madrid del acuerdo en la Función Pública entre el Gobierno y funcionarios para los dos próximos años, donde destacó la importancia de los salarios diferidos y pidió que el acuerdo con los funcionarios sirva "de punto referencial" para el sector privado.

Esta misma idea fue posteriormente apostillada por el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, para quien el acuerdo logrado con los funcionarios debe ser "un ejemplo" para el ámbito privado, sobre todo en la mejora de las rtribuciones "ligada a objetivos".

Rato y Arenas firmaron esta mañana en Madrid con los máximos responsables sindicales de las federaciones de Función Pública de CCOO, UGT y CSI-CISF el acuerdo en materia retributiva y condiciones de trabajo de los funcionarios para los años 2003 y 2004, que establece una subida salarial consolidable del 2,7% más un 0,6% ligado a objetivos de productividad.

El acuerdo contempla fondos para incentivar la movilidad geográfica y funcional, aumentar la cobertura en ofcinas de extranjería y mejorar las plantillas en Ceuta, Melilla y zonas insulares. También insiste en la mejora de la formación de los empleados públicos, la apertura de servicios de la Administración por las tardes y recortar la temporalidad entre los funcionarios.

SATISFECHOS

Rato mostró su "satisfacción" por el acuerdo, del que dijo que redundará en la modernización del trabajo de los funcionarios y también en la atención que estos prestan a los ciudadanos.

Destacó que el acuerdo incorpora u cambio cualitativo, ya que se liga el aspecto salarial al logro de objetivos, así como la puesta en marcha del salario diferido, mediante la dotación de fondos de pensiones en vez de cobro de salario.

Para Rato, el logro de este acuerdo es fruto del diálogo social que impulsa el Gobierno y tiene "gran importancia porque consolida el diálogo social como instrumento básico", a la hora de poner en marcha medidas. Por ello, pidió que se tome como referencia para otras negociaciones.

Mientras, Arenasdestacó que se trata del acuerdo número 14 entre sindicatos y Gobierno en los seis años del Ejecutivo de José María Aznar y aseguró que no termina con la firma de hoy, sino que prevé, mediante el diálogo social, avanzar en la mejora de los servicios públicos.

Para el titular de Administraciones Públicas, el hecho de que una parte del salario de los funcionarios se vaya a dedicar a un fondo de pensiones es "histórico", por lo que supone de innovador y de referencia que debe tomarse para el resto de traajadores españoles, no sólo los funcionarios.

Por todo ello, confió que en los dos años que dura el acuerdo se mejore la Administración en beneficio de los trabajadores de la misma y de los ciudadanos. "Vamos a lograr una mejora de la Administración para los ciudadanos en los próximos dos años", enfatizó.

VIGILANTES

Por su parte, los sindicatos aplaudieron la firma y el logro del acuerdo que, según explicaron, logra unas buenas condiciones para los funcionarios y, además, supone un cambio en eltradicional "maltrato" a los funcionarios en la negociación sobre sus condiciones de trabajo.

Para Fernando Lezcano, de CCOO, el acuerdo es importante por "el cambio de tendencia" en la mejora salarial de los funcionarios, que dejarán de perder poder adquisitivo, y también porque se reducirá "notablemente" la temporalidad de los trabajadores públicos. "Es un acuerdo satisfactorio para todos", subrayó.

Por parte de UGT, Julio Lacuerda destacó las bondades del acuerdo y el hecho de que el Gobierno e haya sentado nuevamente a negociar, pero advirtió al Gobierno de que "vigilaremos" el cumplimiento del mismo "desde hoy", para evitar que sea incumplido. "Si el Gobierno no empieza a ponerlo en marcha desde ahora mismo, será el acuerdo más breve que haya firmado la UGT", aseguró.

Finalmente, el máximo responsable de CSI-CSIF, Domingo Fernández, recordó que el acuerdo es "un cambio en la forma de tratar a los funcionarios de cara al futuro", por lo que supone de modernización de la Función Pública. Sn embargo, lamentó que no se haya incorporado la claúsula de revisión salarial para garantizar que los trabajadores públicos no pierdan poder adquisitivo.