Bruselas inició su investigación sobre la "acción de oro" española en el año 2000, al considerar que el poder del Estado en las antiguas empresas privatizadas suponía un impedimento para la libertad de movimiento de capitales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) en mayo de 2003 consideró ilegal estos derechos e instó al Gobiern español a modificarlos.

A este respecto, Rato aseguró que las modificaciones efectuadas "tratan de responder a las diferencias de los mercados de cada una de las empresas" y defendió que un mercado "esencial" como el energético debe tener reglamentaciones diferentes en cada país.

En el caso de España, la legislación protege a las compañías nacionales frente a las extranjeras que provienen de mercados no liberalizados.

La Comisión Europea está estudiando los cambios realizados. Cuando la insitución europea considera que un Estado miembro no se atiene a lo establecido por una sentencia del Tribunal de la UE, tiene la posibilidad de abrir otro nuevo procedimiento de infracción que podría derivar en una condena judicial.