El portavoz popular, Rodrio Rato, presentó hoy un escrito en el Registro en el que pide al Tribunal de Cuentas la fiscalización del gasto realizado con motivo de la ejecución del Plan de Carreteras 1984-1991.

El PP también solicita a la Intervención General del Estado un informe sobre cada uno de los expedientes de contratación de todas las obras incluidas en el plan.

Según explicó Rato en rueda de prensa, el Gobierno está practicando una "política de ocultación de información" a la Cámara, a la hora de rendir cuentas sobe las desviaciones que se están produciendo en los costes y en los plazos respecto a las previsiones iniciales de la ejecución del proyecto.

Las cifras que maneja el Partido Popular apuntan una desviación de 425.000 millones en el coste del programa de autovías (640.598 millones en junio de 1988 a 1.065.887 en mayo de 1991), y de casi un billón en el coste total del plan (de 1.479.692 millones a 2.284.985 en mayo de 1991).

Ante los indicios de supuestas "irregularidades" en la adjudicación de detrminadas obras, el Grupo Popular exige al Gobierno un informe sobre la ejecución del programa de autovías, que contemple las revisiones presupuestarias acordadas, las expropiaciones y las fórmulas de contratación seguidas en cada uno de los proyectos.

Dentro de esta batería de iniciativas legislativas, el PP también reclama la comparecencia en el Congreso del director general de Carreteras, José Javier Donbriz, y su antecesor en el cargo, Fernández Sánchez.

Rodrigo Rato manifestó que la posibilidd que baraja el Ejecutivo de aplicar en el futuro un impuesto de peaje por el uso de las autovías españolas significaría "lesionar el derecho que tienen todos los ciudadanos de moverse de un sitio a otro del país. Sería algo insólito en el mundo".

El portavoz del PP acusó al ministro de Economía, Carlos Solchaga, de estar incumpliendo los Presupuestos Generales del Estado de 1991, y recordó que su grupo ya le advirtió durante el debate de aprobación que eran unos presupuestos "falsos" y no ajustados ala realidad.

"Se piden sacrificios salariales para malgastarlos en el gasto corriente, colapsando injustificadamente, entre otros campos, el futuro de las infraestructuras en España".

Rato dijo que si el Ejecutivo desea que prospere su pacto de competitividad, debe ofrecer antes un "ejemplo" de competitividad en el sector público, explicando qué futuro desea para éste: si quiere privatizarlo o seguir ampliando su área de acción.