"Diga lo que diga l Tribunal Cosntitucional", agregó, "la única manera de reponer a Ruiz-Mateos sus derechos es retrotrayendo las actuaciones, anulando la sentencia de diciembre del 86 y dando traslado de la cuestión de inconstitucioanlidad a la familia de Ruiz-Mateos para que haga sus alegaciones y proponga su prueba para que el Constitucional vuelva a dictar una nueva sentencia".

Respecto a las "dilaciones indebidas" que recoge la sentencia del tribunal europeo, Ramón Pelayo cree que Ruiz-Mateos recibirá una indemnizción simbólica cifrada en unos cuarenta o cincuenta millones, porque "desgraciadamente lo que no ha conseguido el equipo que ha hecho las últimas alegaciones es ligar esas dilaciones indebidas con el concepto de tribunal imparcial, algo que era evidente".

Según el ex abogado de Ruiz-Mateos, la sentencia de Estrasburgo reconoce que ha habido una violación de un derecho fundamental y ahora compete a los tribunales españoles la subsanación de esa violación, "lo que implica la tramitación del asunto de lainconstitucionalidad de la expropiación de Rumasa nuevamente", señaló.

A su juicio, ha de ser el propio Tribunal Constitucional el que "de oficio emplace a Ruiz-Mateos, puesto que el que ha violado un derecho fundamental ha sido él, aunque tambien lo puede hacer si quiere la familia de Ruiz-Mateos".

Ramón Pelayo precisó también que la demanda que él presentó ante el Tribunal de Estrasburgo solicitaba una indemnización, pero sin cuantificarla, como han hecho posteriormente.

"Es lógico", señal, "que el Tribunal deniegue los dos billones de indemnización solitados, ya que en ningún caso lo podría hacer, puesto que no tiene competencia para valorar un 'holding' de empresas como era Rumasa, incluso en el supuesto de que hubiese aceptado la queja sobre el fondo (indefensión en la expropiación) por decreto ley y ley posterior".