Rajoy llegó a la Cámara Baja minutos después de que diez furgonetas cargadas con 22 palés descargasen, en la Puerta de los Leones, 876 cajas que contienen más de 450.000 pliegos con un total de 4.028.396 firmas a favor de la convocatoria de un referéndum nacional sobre el estatuto.

Los operarios contratados por el PP tardaron cerca de media hora en sacar todas las cajas de las furgonetas y depositarlas a las puertas del Congreso que posteriormente deben ser entregadas y selladas página por página en el Registro del Congreso.

Las firmas acompañan a una proposición no de ley que debe ser sometida a votación en el Pleno del Congreso y en la que se insta al Gobierno a convocar un referéndum en toda España para que los ciudadanos respondan "sí" o "no" a la pregunta: "¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?".

"UNA PRUEBA DE VITALIDAD DE LA DEMOCRACIA"

El presidente del Rajoy confió en que el Gobierno acepte la iniciativa popular y convoque el referéndum. Recordó que así se hizo en febrero del año pasado con la Constitución Europea, que luego fue rechazada en países comunitarios como Francia y Holanda, y señaló que las consecuencias de las reformas estatutarias impulsadas por Zapatero son "muchísimo más importantes".

Rajoy, que en una breve intervención ante los medios de comunicación quiso dar las gracias a todos los españoles que han apoyado esta iniciativa, destacó que los más de cuatro millones de firmas son "una prueba de la vitalidad de la democracia española".

"La gente quiere opinar sobre los valores básicos de los españoles, que son los que están recogidos en la Constitución de 1978, quiere opinar y le pide al Gobierno que lo haga. Los españoles quieren opinar en aquellos temas que les afectan", dijo.

Rajoy explicó que el objetivo de la recogida de cuatro millones de firmas es que los ciudadanos puedan opinar ante las reformas estatutarias que se están poniendo en marcha y que "no van en la línea de lo que se dijo en el año 1978".

En especial, criticó que Cataluña se defina como una "nación" y Andalucía como una "realidad nacional", así como que los estatutos incluyan un capítulo de derechos de los ciudadanos distintos a los marcados por la Constitución.

"Si en 1978 dijimos que España era una nación, si en 1978 dijimos que los españoles éramos iguales y si en 1978 dijimos que todos teníamos los mismos derechos y deberes; si queremos decir lo contrario ahora, debemos opinar todos y no sólo unos pocos, sean catalanes, andaluces, madrileños o de otro país", dijo.

El líder de los populares quiso dejar claro que esta no es una iniciativa de partido, ya que "no es de derechas, ni de izquierdas, ni de centro", sino que se trata de una iniciativa "en defensa de los valores que aprobamos en 1978" en el referéndum de la Constitución.

HACIA UN ESTADO "DÉBIL, MENGUADO Y SIN RECURSOS"

Rajoy advirtió de que las reformas estatutarias que está poniendo en marcha el Partido Socialista están convirtiendo a España en "un estado débil, un estado menguado, un estado sin competencias, sin recursos y sin dinero".

En su opinión, el Gobierno central "no va a poder cumplir sus funciones de defensa de la igualdad, la solidaridad y la cohesión nacional" si se le siguen restando competencias y recursos a través de las modificaciones de los estatutos.

Rajoy calificó de "profundo error" todo este proceso y denunció que se esté llevando a cabo sin contar con el principal partido de la oposición, lo que supone "romper el consenso" con el que se puso en marcha la transición y se aprobó la Constitución de 1978.

"Es la primera vez que se rompe el consenso. No lo rompió ni Adolfo Suárez, ni Leopoldo Calvo Sotelo, ni Felipe González, ni José María Aznar. Es el señor Rodríguez Zapatero el primero que rompe el consenso en un tema tan importante", dijo.

Rajoy acusó al Gobierno de hacer "demagogia" cuando minusvalora las cuatro millones de firmas presentadas por el PP y advirtió de que dentro de 10 o 15 años comenzarán a verse las "consecuencias" de estas reformas y, entonces, habrá que hacer una reforma de la Constitución al estilo de Alemania para restringir las competencias de las comunidades autónomas.