Rajoy afirmó durante una pregunta oral al presidente del Gobierno que el estatuto catalán "se erige en intérprete de la Constitución" al delimitar las competencias del Estado y de la Generalitat en esta comunidad autónoma. Además, denunció que rompe el principio de "igualdad" entre españoles y el "trato homogéneo" a los ciudadanos.

Por su parte, Rodríguez Zapatero sacó a relucir la inadmisión a trámite en el Tribunal Constitucional del recurso de amparo presentado por el Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña al considerarlo una reforma encubierta de la Carta Magna.

"Ya les ha dicho el Tribunal Constitucional que no puede, que no se empeñen, que comprendan el sentido de lo que es el orden constitucional vigente", apostilló Zapatero entre los aplausos de los diputados socialistas.

Rajoy interpretó las palabras del presidente como si estuviera defendiendo la constitucionalidad del estatuto y sostuviera que el Alto Tribunal rechazó por completo que el texto definitivo afecta en modo alguno a la Carta Magna.

El líder de la oposición acusó a Zapatero de "faltar a la verdad" en sede parlamentaria porque la inadmisión a trámite del recurso de amparo no atiende en ningún momento a la constitucionalidad del estatuto, ya que sólo valora la forma y no el fondo de la queja planteada por el PP.

Rajoy leyó incluso una parte del recurso planteado por el PP y la respuesta obtenida por el Tribunal Constitucional para, a continuación, aseverar que el presidente había "faltado a la verdad" y pedirle que "retire el estatuto".

Adujo que el debate sobre la reforma "ha creado un lío y va a generar muchos líos" más en el futuro, por lo que advirtió a Zapatero de que será el "responsable" de las consecuencias que tenga cuando entre en vigor.

El jefe del Ejecutivo acusó al Partido Popular de "no saber" cuáles son las competencias que el estatuto atribuye a la Generalitat y recordó que la Constitución permite a las comunidades autónomas delimitar sus funciones a través de los estatutos.

Finalmente, Zapatero respondió a Rajoy "las competencias del Estado no las puede cambiar ningun estatuto" y señaló que, cuando existan dudas sobre la constitucionalidad de un texto legal, debe ser el Alto Tribunal quien dirima al respecto.